* En algunos municipios son los propios presidentes municipales, sus familiares y colaboradores los que fomentan las invasiones de predios y tierras particulares, ejidales y comunales, apoyados por “sicarios” de organizaciones sociales radicales o de sindicatos de transportistas.
* Los incendios en los bienes comunales de San Vicente Coatlán revisten gran trascendencia nacional, en virtud que sabotea la solución del conflicto agrario con Villa Sola de Vega y, consecuentemente, el avance de la construcción de la supercarretera a la región de la Costa.
(La dolorosa muerte de nuestro amigo-hermano Félix Benjamín Hernández Ruiz nos deja una gran lección de vida. Desde que nacemos la muerte nos acompaña de la cuna a la tumba. Queda el Grupo CIMAPLAS con Isaías y Benjamín como legado que permitirá que siga viviendo entre nosotros. Abrazo fraterno y solidario a sus familiares y amigos. Descanse en paz)
La crisis humanitaria planetaria provocada por la pandemia de la COVID-19 ha sacado lo mejor y lo peor de los seres humanos. La perversidad de los segundos no tiene límites ni su ambición llenadera, apoyados por mafias en las que participan funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno.
Los invasores de tierras, asesorados presuntamente por funcionarios de dependencias gubernamentales del sector agrario, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria, utilizan como estrategia provocar incendios en predios y superficies que pretenden invadir o han invadido en el estado.
En algunos municipios son los propios presidentes municipales, sus familiares y colaboradores los que fomentan las invasiones de predios y tierras particulares, ejidales y comunales, apoyados por “sicarios” de organizaciones sociales radicales o bien, de sindicatos de transportistas. También lo hacen los fraccionadores.
Con todo y ser una acción claramente tipificada como terrorismo por el Código Penal Federal,
Libro Segundo, Título Primero – Delitos contra la Seguridad de la Nación, Capítulo VI – Terrorismo, hasta ahora no ha interesado investigar a la Fiscalía General de la República.
Tampoco ha interesado hacerlo a la Guardia Nacional ni al propio Ejército, a pesar que es su obligación velar por la Seguridad de la Nación, la paz social, el Estado de Derecho y la Constitución federal y local, menos interesa a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
El Artículo 139 del Código Penal Federal establece que “Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:
I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.
II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.
Artículo 139 Bis
Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.
Si el Estado de Derecho y la Constitución federal y local se respetaran y se hicieran respetar, los autores intelectuales y materiales de los incendios en el Cerro del Crestón, Monte Albán y San Vicente Coatlán, entre otros lugares, estarían plenamente identificados y en la cárcel.
En este último caso, los incendios en los bienes comunales de San Vicente Coatlán revisten gran trascendencia nacional, en virtud que sabotean la solución del conflicto agrario con Villa Sola de Vega y, consecuentemente, el avance de la construcción de la supercarretera a la Costa.
Los tres incendios registrados este domingo en tierras de San Vicente Coatlán tensaron nuevamente las relaciones con Villa Sola de Vega, con quien mantiene un conflicto agrario, lo que pone en riesgo la mesa de negociación instalada entre ambas comunidades tras la visita del presidente de la Andrés Manuel López Obrador.
Los incendios del domingo iniciaron alrededor de las 10:00 horas de la mañana y se suman a otro más, registrado el pasado 3 de febrero. El primero del que se tuvo reporte este domingo ocurrió en el paraje conocido como Mal Paso, el segundo en Paso Ancho y el tercero en Pescador.
La disputa de tierras ha provocado que no avance la construcción de la supercarretera a la Costa, porque la vía está trazada sobre 27 kilómetros de tierras propiedad de Coatlán; comunidad que ha puesto como condición la solución del conflicto agrario para permitir la continuidad de la construcción de la autopista en su territorio.
El 12 de junio de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alejandro Murat acudieron a San Vicente Coatlán para asegurar que se atendería el conflicto agrario y encargó las negociaciones al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
A partir de entonces, se han realizado 12 mesas de negociación en las que han participado funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), del INPI, de la Procuraduría Agraria (PA), la Junta Local de Conciliación Agraria y la Secretaría General de Gobierno, entre otros.
En ese periodo las agresiones entre ambas comunidades se habían detenido; previo a estas mesas de diálogo, según las autoridades agrarias de Coatlán, se registraban entre 20 y 22 incendios forestales provocados por Sola de Vega, así como destrucción de cultivos, robo y quema de ganado.
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