Un magistrado deberá resolver nuevamente sobre el fallo que absolvió al capo del delito de delincuencia organizada.
Un Tribunal Federal dio un respiro al narcotraficante Héctor Luis El Güero Palma Salazar porque abrió la posibilidad de pueda recuperar su libertad, ya que lo amparó y demandó dejar sin efecto la resolución que ordenó reponer el procedimiento en el caso que se le sigue por delincuencia organizada.
En julio pasado, José Luis González, magistrado del Cuarto Tribunal Unitario con residencia en Zapopan, Jalisco, revocó la sentencia que absolvió a El Güero Palma del mencionado delito; ordenó su reaprehensión y reponer el proceso para que la Fiscalía General de la República (FGR) busque a dos testigos protegidos, mismos que por años seis años han permanecido ilocalizables.
Ante esta situación, El Güero Palma se amparó y obtuvo la protección de la justicia.
Ricardo Delgado Quiroz, magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, ordenó al Cuarto Tribunal que se vuelva a pronunciar sobre el recurso de apelación de la FGR contra la sentencia que absolvió al capo. Sin embargo, no puede ordenar que se reponga el proceso.
Es evidente que el acto reclamado vulnera los derechos públicos subjetivos del quejoso Héctor Luis Palma Salazar, porque la reposición del procedimiento en la causa natural, a fin de lograr la ampliación de las declaraciones de los testigos protegidos (Marcelo Peña García, cuñado del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán), con nombre clave (Julio), así como (Javier Burgueño Uría, empresario sinaloense), con nombre clave (César) ofrecidas por la defensa, como se dijo, esa forma de resolver no permite decidir en forma definitiva, conforme a derecho proceda, en el sentido que sea, el fondo del asunto?, indica la sentencia.
El magistrado Delgado Quiroz señaló que la FGR ya no podía expresar como agravio los testimonios de los dos testigos protegidos, porque en los acuerdos del 11 de julio de 2017 y 22 de mayo de 2018, se tuvieron por agotados los medios de búsqueda y localización de estas personas, declarándose de uno de ellos la imposibilidad material para desahogar su ampliación de declaración, mientras que del otro se le consideró testigo ausente.
Además, dichos acuerdos no fueron impugnados por el agente del Ministerio Público Federal, a través del recurso de apelación.
Lo que revela, tácita pero indudablemente, que el fiscal estuvo conforme con esas determinaciones; de ahí su firmeza, por lo que jurídicamente la fiscalía no podía alegarlas en la alzada como agravio, pues se reitera, contra ella no interpuso el recurso que la ley le concede, detalla el fallo.
La sentencia indica que, fue la defensa de Palma Salazar la que propuso los testimonios de los testigos protegidos, pero como no han sido localizados, el desahogo de los testimonios solo perjudicaría a El Güero Palma, porque solo retardaría la solución del litigio.
Se llega a esta conclusión porque, como se desprende de los conceptos de violación, con la emisión de la resolución impugnada en esta vía constitucional, se transgredió en perjuicio del solicitante del amparo, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción expedita, mediante un recurso judicial rápido, sencillo y efectivo, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal; cuenta habida que, en el caso, como se expone en la demanda, la resolución reclamada sólo posterga indefinida e injustificadamente la solución del conflicto, indicó el magistrado federal.
Ambos testigos declararon contra Palma Salazar y lo señalaron de estar detrás de un cargamento de 3 mil 288 kilos de cocaína el cual fue asegurado el 19 de julio de 1999, en Tecomán, Colima; así como de una avioneta con 12 millones de dólares, en San Luis Río Colorado, Sonora, el 12 de octubre de 1995.
También de estar detrás del homicidio del subdirector de la Policía Judicial de Nayarit, Antonio Contreras, y su escolta José Cruz Guerrero, crimen cometido el 18 de mayo de 1995.
Igualmente, lo acusaron por el robo de droga en la subsede de la Delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en San Luis Río Colorado, Sonora, el 21 de mayo de 1997.
Palma Salazar se encuentra actualmente interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
