Aseguran que hay violencia institucional cuando las y los funcionarios públicos no garantizan la protección integral de las mujeres víctimas.
La Comisión para la Igualdad de Género del Senado, que preside la morenista Malú Micher, responsabilizó a las fiscalías de los estados de los recientes feminicidios ocurridos en el país, el último el de Luz Raquel Pandilla, en Zapopan, Jalisco, porque no actúan conforme al principio legal de la buena fe, que implica la credibilidad de las víctimas y, al contrario, ponen en entredicho o minimizan los hechos denunciados por las mujeres, no consideran «suficientes» las violencias que viven para otorgarles medidas de protección.
Acusó que hay violencia institucional cuando las y los funcionarios públicos no garantizan la protección integral de las mujeres víctimas de violencia, no atienden sus demandas de protección, restándole validez a sus solicitudes.
A lo que se suma la ausencia de protocolos de prevención e investigación y/o la falta de aplicación en los casos de violencia contra las mujeres, además de un cúmulo de omisiones y negligencias que conlleva en muchos casos a la privación de la vida de éstas.
En un comunicado difundido en redes sociales este grupo de trabajo, señaló que las fiscalías siguen siendo omisas ante las denuncias de las mujeres y actuando sin perspectiva de género en la investigación de estos crímenes.
Afirmó que un componente fundamental del feminicidio es la impunidad: cada víctima dejada en la indefensión por las autoridades, cada denuncia no investigada, cada orden de protección no emitida, cada feminicida no juzgado y condenado, envía el mensaje cultural de que «la violencia contra las mujeres está permitida en nuestro país».
Señaló que los feminicidios de Cecilia Monzón, Debanhi Escobar, Luz Raquel Padilla, Brenda Jazmín, Estefany, Akemy, Alma Rosa, Angélica, Adilene y Anahí son sólo algunos de los feminicidios que se han conocido en las últimas semanas a través de la prensa nacional.
«Como mujeres, nos duele el miedo y el terror que sienten hoy las niñas y las mujeres en nuestro país, nos duele el dolor de las madres y padres de las víctimas de feminicidio y nos duele la situación de desprotección en que quedan las hijas y los hijos de las víctimas de feminicidio.
Y en este sentido, nos indignan casos como el de Luz Raquel Padilla, en el que confluyen el feminicidio con hechos discriminatorios y atentatorios de la dignidad de su hijo menor de edad en situación de autismo», se cita en el comunicado.
Las integrantes de esta comisión solicitaron a las autoridades estatales a que ejecuten de manera diligente, eficaz e inmediata las políticas públicas a las que están comprometidas en sus programas estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.
Así como evaluar el cumplimiento de las diferentes autoridades obligadas a la realización de estas políticas en base a sus leyes estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Llamaron a las fiscalías estatales a que de manera urgente y sin dilación capaciten a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y atención con la debida diligencia.
También a que fortalezcan los controles internos que permiten detectar al personal que incurre en omisión de sus obligaciones como funcionarias o funcionarios estatales y enfrenten las consecuencias correspondientes.
Solicitaron a las autoridades estatales que «atiendan a las víctimas sobrevivientes de las mujeres víctimas de feminicidio» para que esta atención se realice con enfoque de derechos humanos, especializado y diferencial.
Atendiendo de manera específica a las niñas, niños y adolescentes en base al principio del interés superior de la infancia y aplicando el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio.
Así como a fortalecer la profesionalización de las policías estatales y municipales para que actúen con la debida diligencia ante las situaciones de riesgo de las mujeres.
Por último, conminaron a los poderes legislativos estatales a que realicen las reformas legislativas necesarias en sus leyes locales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de órdenes de aprehensión.
