De acuerdo con las organizaciones, el número de expediente se encuentra radicado con el número 1161/2022 del Juzgado Noveno del Décimo Sexto Circuito.
Organizaciones y ciudadanos anunciaron la obtención de una suspensión provisional contra el decreto que incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), a fin de que se declare inconstitucional.
Las organizaciones Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México y Unión Cívica 1 país, así como las firmas de abogados AC&AC Asociados y Tojil Eek señalaron que esta es la primera suspensión, tras 53 amparos colectivos presentados en este tema.
De acuerdo con las organizaciones, el número de expediente se encuentra radicado con el número 1161/2022 del Juzgado Noveno del Décimo Sexto Circuito.
“Estas organizaciones se han mantenido luchando jurídicamente desde la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (Enrique Peña Nieto 2018), acuerdos militares para efectos de Seguridad Pública (AMLO 2020, y seguiremos insistiendo que la militarización de la Seguridad Pública en el país no es la solución, sino que debe acompañarse las Fuerzas Armadas en conjunto con la Seguridad Pública Civil”, señalaron en un posicionamiento.
La incorporación de la Guardia Nacional a Sedena se hizo oficial en septiembre pasado, con la entrada en vigor del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la publicación de las reformas a distintas leyes.
El decreto informa las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
Entre otras cosas, en el documento se anuncia la homologación de grados entre la Guardia Nacional y el Ejército, en donde se respetará la antigüedad, derechos y beneficios adquiridos.
Detalla también que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana transferirá a la Sedena, dentro de un plazo de 60 días, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales, gastos de operación de la Guardia Nacional y recursos materiales destinados a su operación.
También señala que el personal de la extinta Policía Federal dejará de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, por lo que seguirá bajo su adscripción, conservando sus derechos laborales adquiridos.
En el caso de la Secretaría de Marina, ésta también deberá de transferir a la Sedena recursos financieros y presupuestarios para cubrir los servicios del personal naval que se transfiera a la Guardia Nacional.
