La agenda del Presidente Andrés Manuel López Obrador inicia este año con reuniones para reforzar las relaciones de México con otros países de América y seguirá con la promoción de la presencia de las Fuerzas Armadas no sólo en tareas de seguridad, también en construcciones y actividades de transporte de civiles.
A ello se suman pendientes como pacificar estados con altos niveles de violencia, mejoras en el sistema de salud y la entrega de fertilizantes para campesinos en todo el país.
Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– La defensa del Plan B de Reforma Electoral, mejorar el sistema de salud, así como la propuesta a los dirigentes de Estados Unidos (EU) y Canadá de aliarse con México para disminuir las desigualdades en la región son algunos de los temas en la agenda del Presidente Andrés Manuel López Obrador para este 2023.
Además, de acuerdo con los compromisos hechos por el Gobierno federal, este año deberán estar concluidas obras como el Tren Maya, la ampliación del Tren Suburbano que mejorará la conectividad al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Ejército tendría que operar una nueva aerolínea comercial.
Este 2023, el quinto año de la gestión de López Obrador, iniciará con pendientes en materia energética y de seguridad como en Sinaloa, donde esta semana se registraron bloqueos y quemas de autos luego de la detención de Ovidio Guzmán, identificado por autoridades como el líder de una célula del Cártel de Sinaloa.
El mandatario también tiene rezagos en la descentralización de secretarías y en el caso emblemático relacionado con corrupción y omisiones de autoridades de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, para quienes prometió justicia desde su campaña presidencial.
Sobre la Reforma Electoral, que diputadas y diputados votaron el 15 de diciembre para eliminar la cláusula de “vida eterna” que permitía a los partidos políticos transferir votos para asegurar su registro, el paquete de normas impulsadas por el Presidente no podrá ser oficial hasta que la Cámara alta lo apruebe de nuevo, lo que ocurrirá al menos hasta febrero, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido las resistencias que genera su Plan B –propuesto luego de que los partidos de oposición rechazaron el primer dictamen que incluía puntos como la eliminación de diputaciones y senadurías plurinominales–, pero en diciembre aseguró que tanto la Secretaría de Gobernación como la Consejera Jurídica ya habían confirmado que “no hay nada inconstitucional” en la reforma, pese a ello, esperará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre impugnaciones que anunciaron los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).
Desde que el Presidente presentó su propuesta de reforma, los partidos opositores tomaron como bandera la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). La muestra más grande de rechazo fue la marcha del 27 de noviembre convocada por ellos, expresidentes y políticos –algunos señalados por cometer fraudes en años anteriores– que reunió a miles de personas en la Ciudad de México con la consigna “el INE no se toca”.
Pese a este rechazo, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó el 18 de diciembre que seguirán buscando la aprobación de una Reforma Electoral para tener una democracia más barata y asegurar que los órganos electorales no queden “en manos de los partidos ni de las cúpulas del poder económico que hoy ostenta [el empresario] Claudio X González”.
ALIANZAS INTERNACIONALES
Del 8 al 11 de enero la agenda de López Obrador incluye reuniones con sus homólogos de EU, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, como parte de la décima Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizará en la Ciudad de México.
El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó que dialogarán sobre temas de diversidad, equidad, inclusión, cambio climático, medio ambiente, competitividad de la región, migración, desarrollo, salud y seguridad.
El encuentro entre Biden y López Obrador cobra especial relevancia porque se realizará días después de la detención en Culiacán de Ovidio, hijo de Joaquín Guzmán Loera, sentenciado en EU por narcotráfico, y a quien dicho país también acusa de conspiración para introducción de drogas, aunque este viernes un Juez mexicano le otorgó una suspensión de plano contra una posible extradición.
Además, sólo una semana después del encuentro, la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, iniciará el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, por posibles vínculos con el narcotráfico.
Mientras que en materia económica, combate a la pobreza y la distribución más igualitaria de los recursos, la reunión es importante al considerar que las últimas cifras del Banco Mundial sobre migración y desarrollo colocan a México como el tercer país de Latinoamérica y el Caribe con más aumento en remesas –el dinero que connacionales en el extranjero envían– sólo en los primeros nueve meses de 2022.
Ebrard Casaubón ha dicho que promoverán “el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de todo tipo en el continente”, y adelantó que el Presidente planteará a EU y Canadá la creación de la Alianza para la Prosperidad de los Pueblos de las Américas.
El llamado a fortalecer las relaciones llegará en un momento donde las diferencias entre autoridades de México y Perú crecieron luego de que el Gobierno de López Obrador otorgó asilo político a Lilia Ucilda Navarro, esposa del expresidente Pedro Castillo, y sus dos hijos. Por este hecho, el Primer Ministro peruano, Alberto Otárola, pidió el mes pasado a López Obrador dejar de referirse a la situación del país latino, y el Embajador mexicano, Pablo Monroy, fue declarado persona non grata.
México ha sido promotor de la Alianza del Pacífico, que hasta noviembre contemplaba reunir a los presidentes de Perú, Colombia, Chile y Ecuador para integrar la cooperación económica de la región. “Es un sueño, un ideal, una utopía, que debe convertirse en realidad”, opinó López Obrador en noviembre.
FUERZAS ARMADAS Y VIOLENCIA
El Presidente ha ampliado la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad con la creación de la Guardia Nacional, la institución que reemplazó a la Policía Federal. Fue en septiembre de 2022 cuando la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hizo oficial con la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Hasta diciembre de este año se han construido 247 cuarteles de la Guardia Nacional de los 500 prometidos por el Gobierno actual. El Jefe del Ejecutivo informó en noviembre que en 19 entidades ya hay más integrantes de esta institución que policías estatales.
Hasta 2021, 60.5 por ciento de los 100 mil 332 elementos de la Guardia Nacional era personal de la Sedena y 16.7 por ciento de la Secretaría de Marina, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Publica Federal 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
López Obrador ha reconocido que cambió de opinión sobre regresar al Ejército a los cuarteles, como lo decía en su campaña electoral por la Presidencia en 2018, al darse cuenta del problema de inseguridad heredado por otras administraciones. Por ello, en octubre celebró que el Senado aprobara la reforma que plantea extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.
Con lo aprobado por las y los legisladores, la Secretaría de Gobernación descartó realizar un ejercicio que había sido propuesto por el Presidente para que este mes el Gobierno recopilara las evaluaciones y opiniones de la ciudadanía sobre el desempeño de la Guardia Nacional y la reforma.
La decisión de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos, pero el Presidente ha insistido en que la estrategia pacificará al país porque no ha ordenado al Ejército violar los derechos de la ciudadanía.
Investigadores como Edgar Guerra Blanco, del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mencionan que los sexenios pasados han demostrado que para frenar la violencia en el país no basta con aumentar integrantes de las Fuerzas Armadas si a la par no se implementan políticas públicas a largo plazo.
“Durante el Gobierno del Presidente Feli pe Calderón y con Peña Nieto la estrategia era el uso de las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército, la Sedena o la Marina. Lo que ha hecho el Gobierno del Presidente López Obrador es cambiar el membrete de los cuerpos armados que se hacen cargo de este problema y hoy tenemos a la Guardia Nacional, pero sigue siendo una estrategia militarizada que se basa en el uso de la fuerza, que busca persuadir, es decir, contener a los grupos armados, pero la dinámica de los grupos criminales es distinta, tiene su propia lógica, como apropiarse de territorios, de mercados lícitos, mantener dinámicas de violencia y conflicto con otras organizaciones. Y en ese sentido, al no atender las raíces del problema que tiene que ver, por ejemplo, con los mercados de drogas, la estrategia actual está condenada al fracaso”, expuso.
A nivel nacional, la Secretaría de Seguridad Pública destacó este mes una reducción del 23.5 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos de noviembre respecto al máximo histórico registrado en julio de 2018. Pese a ello, la administración de López Obrador se perfila para ser la de más casos contabilizados desde 2007.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 137 mil 603 asesinatos de 2019 hasta noviembre de 2022. El Gobierno morenista está cerca de superar la cifra de 156 mil muertes violentas registradas en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto y del Gobierno del PAN de Felipe Calderón, cuando se contabilizaron 121 mil 613.
A este panorama complejo se suma la urgencia de frenar la violencia en Sinaloa, donde la madrugada del 5 de enero, durante el operativo para detener a Ovidio Guzmán, 10 militares perdieron la vida, 35 resultaron heridos, fallecieron 19 personas señaladas como agresoras y otras 21 fueron detenidas, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Presidente López Obrador anunció este viernes que los elementos de las Fuerzas Armadas continuarán en la entidad para labores de seguridad en la entidad que se paralizó el jueves con el cierre de sus comercios, escuelas y actividades públicas. Por su parte, la Secretaria de Seguridad Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, reiteró en conferencia que la actual administración no busca “ganar una guerra”. “Venimos a construir la paz”, insistió.
El Presidente reconoció desde el 1 de julio, con motivo de su informe a cuatro años de su triunfo electoral, que en materia de seguridad aún “falta mucho por hacer”, pero confió en que logrará la pacificación del país con la inversión que mantiene a programas sociales.
A la violencia que se refleja en el número de homicidios se suma la crisis de personas desaparecidas en el país, hasta este mes el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Segob contabiliza 109 mil 310 en esta situación.
En ese sentido, el caso Ayotzinapa, donde 43 estudiantes desaparecieron en Iguala, Guerrero, en 2014 es emblemático. López Obrador prometió dar con el paradero de los jóvenes, pero hasta ahora se desconoce dónde están. “Hicimos el compromiso de esclarecer estos hechos y vamos a cumplir, ya estamos avanzando”, dijo el mandatario el 27 de noviembre, al celebrar su cuarto año de Gobierno.
Familias de los jóvenes y las agrupaciones que le han dado seguimiento al caso han señalado que persiste la resistencia del Ejército a dar información clave al tiempo que han manifestado su desconfianza hacia la Fiscalía General de la República.
CONECTIVIDAD Y ENERGÍA
Además de tareas de seguridad, el Gobierno federal también designó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la responsabilidad de operar una nueva aerolínea del Gobierno a finales del 2023. De igual forma, el Aeropuerto de Ciudad del Carmen estará bajo la administración de la Secretaría de Marina.
“Quiero aprovechar para informar, que ya lo he hecho, que sí va a haber una línea aérea nueva, que va a ser manejada por la misma empresa que va a manejar el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, y el nuevo Aeropuerto de Tulum, pero se va a agregar también el manejo del Aeropuerto de Chetumal, Palenque y Campeche. Ya tomamos la decisión”, informó el Presidente a inicios de mes.
Para finales de este año, el Gobierno federal también prometió tener terminado en el sureste del país los mil 554 kilómetros del Tren Maya, uno de sus megaproyectos más importantes que conectará a cinco estados del sureste. Fernando Vázquez Rosas, vocero del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dijo en entrevista con SinEmbargo Al Aire que en julio de este año la obra terminará con la entrega del primer tren y el inicio de las pruebas de rodamiento.
De igual forma, el General Isidoro Pastor Román, director general de la empresa que administra el AIFA confirmó a Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire que para 2023 estarán habilitadas todas las vías de acceso hacia esta obra, lo que incluye el Tren Suburbano.
“(En) diciembre de 2023 (estará) el Tren Suburbano y en las próximas semanas el camino Puente de Fierro–Tonanitla […] Todo terminado y la conectividad terrestre terminada. La percepción de los usuarios y de los pasajeros podría mantenerse en un nivel, vamos a decir, no completamente satisfactorio porque obviamente tenemos un Aeropuerto en la Ciudad de México, que está en la mancha urbana, y necesariamente hay otros medios de transporte, les queda más cerca, aunque saben ustedes que en tiempos difíciles de intenso tráfico vehicular pues la propia información que dan los medios electrónicos es más fácil llegar del centro de la Ciudad al AIFA que al propio Aeropuerto de la Ciudad de México”, comentó.
El General Isidoro Pastor también informó que en próximas semanas inaugurarán la carretera que sale del Puente de Fierro en Ecatepec y qué es el camino a Tonanitla para habilitar otra ruta. Mientras que López Obrador estimó que en diciembre del año próximo empiece a operar el Tren Interurbano que conectará la Ciudad de México con Toluca.
En materia energética, el Presidente López Obrador publicó en abril la reforma a la Ley Minera con la que se nacionaliza la explotación, beneficio y aprovechamiento del litio. El Canciller Marcelo Ebrard ha anunciado que para la segunda mitad de 2023, México comenzará a producir baterías de litio para automóviles porque ya hay inversiones acordadas con empresas de Corea del Sur, de Chile y un programa con Estados Unidos que funcionará desde el tercer o cuarto trimestre del año.
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES
López Obrador también prometió que para el 2023 México tendrá un mejor sistema de salud, como el de Dinamarca, donde los servicios son gratuitos.
“El año próximo, a más tardar a finales, ya tendremos un sistema de salud pública como el de Dinamarca y puede ser que mejor (…). ¿Eso qué implicaría? El presidente lo definió así: “un sistema de salud de calidad para todos, esto es que van a poder llegar los pacientes a centros de salud que van a estar en buen estado, donde van a haber médicos generales todos los días, donde van a haber medicamentos, pero también van a tener acceso a hospitales de segundo nivel, como aquí se planteó, con especialistas”, prometió en su conferencia matutina del 27 de diciembre.
Esta semana el mandatario anunció otro compromiso, la ampliación del programa Fertilizantes para el Bienestar a nivel nacional ya que hasta ahora llegó a nueve estados: Chiapas, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. “Va a ser fertilizante gratuito para dos millones de productores, sobre todo para campesinos con pocas hectáreas, algunos que siembran media hectárea, una hectárea, dos hectáreas”, dijo este 4 de enero.
Además, el Presidente ha reconocido que su gestión acumula otros pendientes, uno de ellos es la descentralización del Gobierno federal y las secretarías, pues aunque en 2018 se comprometió a ubicar a las dependencias en distintos estados, a finales de noviembre reconoció que en este tema se ha avanzado apenas 20 por ciento.
Una actualización hasta el 27 de noviembre de este año de la lista 100 compromisos que el Presidente hizo al iniciar su gestión muestra que el Gobierno suma 39 cumplidos, 29 en proceso, 15 sin cumplir y 17 de los que no hay elementos para evaluar, de acuerdo con datos públicos del propio Gobierno federal, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el Presupuesto de Egresos de la Federación y de otros organismos.
La revisión publicada por este diario el 1 de julio, a cuatro años del triunfo electoral del mandatario, contabilizó 46 compromisos cumplidos, pero en los últimos meses se han sumado observaciones, muestra de que para varios de ellos aún está pendiente resolver irregularidades para operar sin fallas ni retrasos.
Por ejemplo, uno de los compromisos adquiridos fue el de contratar a jóvenes desempleados para trabajar como aprendices en actividades productivas en el campo y la ciudad, y aunque el programa opera desde 2019, la ASF alertó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la segunda entrega del Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 de 78 millones 815 mil 935 pesos pendientes por aclarar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Ejercicio Fiscal 2021, pues se encontraron anomalías como que cientos de aprendices no fueron localizados; se registraron beneficiarios que gozaron de más de una beca, además de pagos tanto a Servidores de la Nación como a trabajadores de dependencias públicas.
Pese a deficiencias en programas como este, López Obrador se ha mostrado optimista en más de una ocasión. “Ya hasta parece que estamos al final de nuestro mandato”, dijo apenas el 18 de noviembre al defender los avances de su administración.
