El viernes 28 de febrero de 2025, Cristino Castro Perea, reconocido defensor ambientalista y líder comunitario de 63 años, fue asesinado en la localidad de Barra de la Cruz, en el municipio de Santiago Astata, Oaxaca. Castro, quien se encontraba en el kiosco central de la comunidad, fue alcanzado por varios disparos efectuados por dos individuos que se desplazaban en motocicleta. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar sin que se lograra su captura.
Castro Perea había sido un férreo defensor de los derechos territoriales de su comunidad y un activista comprometido con la protección del medio ambiente. A lo largo de su vida, luchó contra proyectos de despojo de tierras impulsados por grupos con intereses hoteleros y turísticos. Su trabajo en defensa del entorno natural le valió el reconocimiento, no solo a nivel local, sino también nacional e internacional.
En 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró la región de Barra de la Cruz como un área natural protegida, bajo la categoría de santuario, en un intento por preservar la biodiversidad local y respaldar a los defensores del medio ambiente como Castro. Sin embargo, a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno, los riesgos para los activistas en la región persisten.
En ese mismo año, Cristino Castro había sido incluido en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado por la Secretaría de Gobernación para garantizar la seguridad de los defensores ante amenazas. No obstante, su asesinato pone de manifiesto la vulnerabilidad que enfrentan los activistas en un estado que sigue siendo uno de los más peligrosos para quienes luchan por la defensa del medio ambiente.
El asesinato de Castro ha conmocionado tanto a la comunidad local como a diversas organizaciones de derechos humanos, que han condenado enérgicamente el crimen. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras instituciones han exigido una investigación exhaustiva y el esclarecimiento de los hechos, al mismo tiempo que instaron al gobierno mexicano a tomar medidas para garantizar la seguridad de otros defensores y activistas en la región.
Este lamentable hecho resalta nuevamente los riesgos y la impunidad que enfrentan los defensores del medio ambiente en México, un país que, según varias organizaciones, continúa siendo uno de los más peligrosos para los activistas en el mundo.
El caso de Cristino Castro sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrentan quienes luchan por proteger los recursos naturales y las comunidades vulnerables en el país, y plantea la urgente necesidad de fortalecer las políticas de protección y justicia en el contexto de la defensa de los derechos humanos.
