Redacción La Onda Oaxaca
Oaxaca de Juárez, Oaxaca | 11 de abril de 2025 — La tensión vuelve a encenderse en la autopista Barranca Larga–Ventanilla, luego de que transportistas y autoridades municipales de la zona de los Coatlanes —quienes además fungen como operadores de la línea de transporte comunitario Ruta Coatlanes-Costa S.A. de C.V.— instalaran un nuevo bloqueo para impedir el paso de unidades de la empresa ADO.
Operadores de diversas líneas locales como Villa Escondida, Villa del Pacífico, Bahía Colotepec, Oaxaca Pacífico, Huatulco 2000, Eclipse 70, Colombos Huatulco y Líneas Unidas, colocaron un filtro en las casetas de cobro de la supercarretera con la consigna clara: ningún autobús de ADO puede circular por la vía hasta que se cumplan sus demandas; al momento se mantienen en la zona sin afectar la vialidad para el resto de los ciudadanos.
El origen del conflicto: ¿lucha comunitaria o presión política disfrazada?
Aunque los líderes de los Coatlanes han insistido en que se trata de una defensa del transporte comunitario, el trasfondo revela una dinámica más compleja. Las autoridades municipales, convertidas también en empresarios transportistas, han utilizado su doble papel para negociar con ventaja frente a empresas privadas y exigir compensaciones que van más allá de los acuerdos iniciales.
El conflicto con ADO no es nuevo, pero ha escalado en tono y forma. Las comunidades reclaman el supuesto incumplimiento de compromisos por parte de la empresa, sin embargo, documentos oficiales revelan que ADO sí ha realizado entregas económicas considerables para infraestructura y mejoras operativas de los transportistas locales.
Apoyos millonarios y más corridas a cambio de paz
Como parte de los compromisos establecidos en negociaciones previas, particularmente el 6 de febrero de 2024 ante el Gobierno Federal, ADO transfirió:
- 1 millón 134 mil 607.02 pesos, entregados el 28 de octubre de 2024, para cubrir el pago del contratista que construyó la terminal de los Coatlanes en la ciudad de Oaxaca (ubicada en la calle Galeana). Esto permitió aumentar el número de corridas diarias de ADO de 5 a 9.
- Posteriormente, 1 millón 223 mil 237.10 pesos fueron entregados en tres pagos (24 de diciembre de 2024, 16 de enero y 6 de febrero de 2025) para la terminal de Puerto Escondido (Av. Hidalgo). Esta inversión permitió el incremento de 9 a 12 corridas diarias en la ruta.
Más exigencias: camionetas, autobuses y exclusividad territorial
A pesar del cumplimiento de estas entregas económicas, los líderes transportistas —respaldados por autoridades municipales— han elevado sus exigencias. Entre ellas destaca la solicitud de 14 camionetas tipo Sprinter, una por cada comunidad del territorio Coatlanes. Tras negociaciones, se acordó que ADO entregaría:
- Cuatro autobuses VochoBus modelo 2017
- Dos camionetas Sprinter nuevas, modelo 2024
Hasta la fecha, esas unidades están pendientes de entrega, lo cual ha servido como nuevo argumento para retomar las protestas y los bloqueos.
Además, existe una petición latente y polémica: el reconocimiento exclusivo del derecho de operación en la autopista para las empresas comunitarias, bajo el argumento de que las tierras por las que atraviesa la vía fueron cedidas por los propios Coatlanes. Esta solicitud, rechazada por la SCT y la Cofece, vulnera la libre competencia y el derecho de los usuarios a elegir.
El impacto del conflicto: usuarios cautivos y desarrollo estancado
Las consecuencias de esta disputa se sienten directamente en los bolsillos y en el tiempo de los pasajeros, quienes constantemente enfrentan bloqueos, suspensión de corridas y tarifas más altas impuestas por los monopolios locales. Turistas, trabajadores y familias son los principales afectados en una ruta vital para el desarrollo económico de la región.
ADO, por su parte, ha reiterado su compromiso de seguir operando conforme a la ley y los acuerdos establecidos, asegurando que ha cumplido con sus obligaciones financieras y de servicio.
Una presión creciente al borde de lo político
Diversos analistas y actores del sector han comenzado a cuestionar la legitimidad de las demandas. Aunque los Coatlanes apelan al derecho comunitario y a la propiedad de la tierra, su posición como autoridades municipales y, al mismo tiempo, empresarios del transporte, plantea un serio conflicto de interés.
La falta de claridad en el uso de los recursos entregados, el incremento constante de exigencias y la utilización de los bloqueos como herramienta de presión, han encendido alertas en los niveles estatal y federal. Si bien el derecho a la protesta es legítimo, utilizarlo como chantaje para obtener beneficios particulares vulnera el estado de derecho y erosiona la confianza ciudadana.
¿Qué sigue?
Mientras las autoridades estatales intentan reactivar el diálogo, se vuelve urgente replantear el modelo de negociación con comunidades que, en lugar de apostar por el desarrollo colectivo, parecen haber convertido el acceso a una vía pública en una moneda de cambio.
El caso de los Coatlanes podría sentar un precedente delicado para futuros proyectos de infraestructura en México si no se maneja con transparencia, firmeza y apego a la legalidad.
