Redacción La Onda Oaxaca – Wilfrido Hernández Cardozo
Oaxaca, Oaxaca – En una asamblea reciente, los comuneros de la agencia municipal de San Felipe del Agua, perteneciente a Oaxaca de Juárez, decidieron cerrar de manera definitiva el acceso al cerro de la zona, un espacio natural que durante años ha sido utilizado por corredores y ciclistas locales y visitantes.
La medida se implementó tras la denuncia pública de un grupo de deportistas multados con más de seis mil pesos por transitar sin autorización por el cerro. Este hecho generó controversia debido al monto de la sanción y las condiciones en las que fueron retenidos.
Las autoridades comunales justificaron el cierre como una acción necesaria para preservar el equilibrio ecológico del área natural, que ha sufrido deterioro por el constante paso de personas ajenas a la comunidad que realizan actividades deportivas sin control. Sin embargo, esta decisión también ha sido vista como una medida para ejercer un mayor control sobre el territorio y limitar el acceso de personas externas a la comunidad.
La comunidad no ha especificado si la restricción será permanente o si se permitirá nuevamente el ingreso bajo ciertas condiciones en el futuro. Este cierre se suma a otras restricciones recientes impuestas en la capital oaxaqueña, generando debate sobre el uso de espacios naturales y los derechos comunitarios frente a las prácticas deportivas y recreativas.
En un contexto más amplio, el Observatorio del Agua ha alertado sobre la destrucción de más de 60 mil hectáreas en la Cordillera Norte de los Valles Centrales de Oaxaca, lo que pone en riesgo la biodiversidad y el acceso al agua de cerca de un millón de personas. Esta situación refleja una crisis ambiental que requiere atención urgente y acciones coordinadas entre autoridades y sociedad civil.
El cierre del cerro en San Felipe del Agua es solo un ejemplo de cómo las comunidades enfrentan desafíos relacionados con la conservación ambiental, el control territorial y el acceso a recursos naturales. Es fundamental que se promueva un diálogo abierto y constructivo entre las autoridades, las comunidades y los usuarios de estos espacios para encontrar soluciones que respeten los derechos de todos y garanticen la protección del medio ambiente.
