Por Wilfrido Hernández Cardozo – Redacción La Onda Oaxaca
Cuando en Estados Unidos un migrante se atreve a criticar al expresidente Donald Trump y es perseguido o incluso detenido, las autoridades mexicanas reaccionan con rapidez, alzando la voz en defensa de sus derechos humanos y su libertad de expresión. Sin embargo, esta postura resulta profundamente contradictoria cuando observamos la situación dentro de nuestras propias fronteras.
En México, la libertad de expresión atraviesa momentos críticos. Ahí están los ejemplos recientes: en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta ha impulsado una polémica legislación —ya apodada “Ley Mordaza” o “Ley Censura”— que representa un grave retroceso en materia de libertad de prensa y derecho a la información. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha sido señalada por utilizar el aparato del Estado para perseguir judicialmente a un periodista, simplemente por ejercer su derecho a criticar al gobierno.
La contradicción es evidente: ¿cómo puede el Estado mexicano exigir garantías para sus connacionales en el extranjero cuando, en casa, no es capaz de respetarlas ni protegerlas? ¿Con qué autoridad moral reclamamos justicia fuera, si dentro se persigue a quien piensa diferente?
En un gesto que merece ser reconocido, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha deslindado públicamente de estas prácticas autoritarias. Desde su conferencia matutina, ha expresado su desacuerdo con las acciones tanto de Armenta como de Sansores, subrayando la importancia de respetar la libertad de expresión como pilar democrático. No obstante, en un país donde la represión y la censura siguen siendo herramientas al servicio del poder, las palabras deben convertirse en acciones concretas.
México no puede permitirse seguir transitando esta ruta de contradicciones. Si queremos que se respeten los derechos de nuestros migrantes fuera del país, debemos empezar por garantizar los derechos de nuestras y nuestros ciudadanos dentro de nuestras propias fronteras.
