Por: Wilfrido Hernández Cardozo
- A pesar de que el gobierno federal aseguró haber reducido drásticamente el robo de combustible desde 2019, una nueva investigación revela que el huachicol mutó a una forma más sofisticada: el contrabando legalizado mediante documentación apócrifa, complicidad de autoridades y el uso de puertos marítimos clave. La Fiscalía General de la República ha identificado una red que involucra a más de 500 empresas, ocho puertos y mandos militares, entre ellos un vicealmirante preso por delincuencia organizada.
Ciudad de México.— Siete años después del arranque de la estrategia gubernamental contra el robo de combustible, conocida como la «guerra contra el huachicol», la realidad muestra que el problema no desapareció: simplemente cambió de cara. Lo que antes eran tomas clandestinas y pipas saqueando ductos, hoy es un sofisticado esquema de contrabando empresarial y complicidad oficial.
De acuerdo con una investigación del Centro Federal de Inteligencia Criminal, obtenida por El Universal, al menos 555 empresas mexicanas están involucradas en una red de huachicol fiscal que opera mediante importación fraudulenta de combustibles, falsificación de documentos y uso indebido de puertos.
Entre las compañías señaladas se encuentran Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Grupo Potesta y Era Tech Combustibles, con operaciones en entidades como el Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas.
El esquema incluye la compra de combustible en Estados Unidos, importación con pedimentos falsos y distribución por parte de empresas que carecen de permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), vendiendo el producto por debajo del precio de mercado y compitiendo de forma desleal.
El transporte del combustible ilegal se realizaba mediante barcos que llegaban a puertos mexicanos con documentación apócrifa, descargaban parcialmente, y luego repetían la operación hasta cubrir el total de la carga. En ocasiones, eran redirigidos a puertos sin infraestructura adecuada, como Lázaro Cárdenas o La Paz, para evitar controles más estrictos.
Los ocho puertos implicados son:
- Altamira
- Veracruz
- Ensenada
- Lázaro Cárdenas
- Guaymas
- La Paz
- Cancún
- Mazatlán
La investigación también apunta al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso en El Altiplano, como uno de los facilitadores clave del esquema. Se le vincula con más de 13 mil registros de comunicación relacionados con estas operaciones, además de 101 líneas telefónicas usadas para coordinar el contrabando.
Un silencio oficial que duró años
Desde 2019, expertos alertaban sobre el incremento del contrabando de hidrocarburos por mar, mientras el discurso oficial se enfocaba exclusivamente en la reducción del robo a ductos de PEMEX. La falta de auditorías independientes y la resistencia a transparentar cifras hicieron posible que este nuevo modelo de huachicol creciera con impunidad.
“Se abandonó la vigilancia institucional en aduanas y puertos, mientras se hablaba de éxito en el combate al huachicol. Pero era sólo la parte visible del iceberg”, afirma un analista en seguridad energética que pidió anonimato.
Detenciones, muertes y silencios
En los últimos meses, la FGR ha ejecutado varias detenciones de empresarios, transportistas y exfuncionarios, además de procesar a mandos militares. Sin embargo, también se han registrado muertes violentas de operadores clave, lo que revela el poder y la peligrosidad de las redes detrás del huachicol fiscal.
A pesar del escándalo, el Ejecutivo federal no ha emitido una postura oficial sobre la detención del vicealmirante Farías Laguna, ni sobre la implicación de autoridades civiles y militares en el esquema.
El caso apenas comienza, pero ya ha puesto en evidencia las fallas estructurales del combate al robo de combustible y la persistencia de redes criminales con fachada empresarial y protección estatal.
LÍNEA DEL TIEMPO: EL HUACHICOL FISCAL EN EL SEXENIO DE AMLO (2018–2025)
2018
- 1 de diciembre: AMLO asume la presidencia de México.
- Diciembre: Inicia la llamada «guerra contra el huachicol» con el cierre de ductos de PEMEX y presencia militar en instalaciones estratégicas. Se reporta desabasto en varias entidades.
2019
- Se reporta una supuesta reducción del 90% en el robo de combustibles.
- Primeras alertas de contrabando marítimo mediante empresas que operan con permisos dudosos y pedimentos alterados.
- La CRE reduce la vigilancia sobre importaciones privadas.
2020
- Se consolidan empresas privadas vinculadas al contrabando, operando sin sanciones.
- Se intensifican operaciones mediante puertos como Altamira, Veracruz y Ensenada.
- Reportes ciudadanos alertan sobre estaciones que venden combustible por debajo del mercado.
2021
- AMLO defiende su estrategia contra el huachicol; no reconoce huachicol fiscal.
- La FGR inicia investigaciones aisladas, sin resultados visibles.
2022
- El contrabando se diversifica: se suman puertos como Guaymas, La Paz y Mazatlán.
- Reportes internos en aduanas detectan uso repetido de pedimentos y barcos sospechosos.
- Aumentan importaciones con documentos presuntamente falsos.
2023
- Primeras denuncias formales ante la FGR sobre un esquema de importación fraudulenta de combustible.
- Se detectan vínculos entre empresas comercializadoras, factureras y operadores de puertos.
- Se identifican los primeros funcionarios militares involucrados.
2024
- Se profundizan las investigaciones: inteligencia financiera rastrea más de 500 empresas ligadas a redes de huachicol fiscal.
- Muertes sospechosas de operadores logísticos y transportistas vinculados a la red.
- La FGR prepara expedientes contra mandos militares.
2025
- Junio: El Centro Federal de Inteligencia Criminal emite un informe donde identifica:
- 555 empresas implicadas
- 8 puertos involucrados
- 101 líneas telefónicas asociadas a la red
- Julio: Detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna en El Altiplano por delincuencia organizada.
- Septiembre: Revelaciones públicas sacan a la luz el encubrimiento institucional y el fracaso de la estrategia federal.
