Juzgado federal determina irregularidades en juicio familiar que benefició a magistrada del TEEO

Además señala que la FGEO y PRODENNAO deben dejar sin efecto cateo irregular y restituir al joven a su padre
Redacción

Este lunes vence el plazo otorgado por un juzgado federal a favor de Adrián Gabino Hernández Bautista, quien denunció graves irregularidades en la actuación de autoridades ministeriales y judiciales, tras la ejecución de un cateo ilegal en su domicilio de la colonia Volcanes, mediante el cual su hijo Marco Antonio Hernández Bautista —joven con trastorno del espectro autista, déficit mental bajo y diversas condiciones físicas— fue sustraído por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Procuraduría de Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca (PRODENNAO).

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, resolvió dejar sin efecto la orden de cateo ejecutada el 24 de octubre de 2024 en el citado domicilio, al determinar que fue emitida con violaciones graves al procedimiento, sin la debida fundamentación ni motivación, y con el aparente propósito de favorecer a una de las partes en un conflicto familiar: Elizabeth Bautista Velasco, entonces presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) y madre del menor.

Cateo sin sustento y manipulación ministerial

De acuerdo con el expediente y los videos de seguridad presentados ante instancias federales, durante el cateo se observa que Marco Antonio se negaba a salir del domicilio, mientras los agentes ministeriales intentaban convencerlo con engaños, diciéndole que le comprarían “helados y globos”.

El informe justificado del juez de control de Tanivet, Tlacolula, reveló que la orden de cateo fue solicitada por la Ministerio Público Minerva Díaz Torres, adscrita a la Fiscalía de la Mujer por Razón de Género, dirigida por Margarita Guzmán Corsi, con base en una denuncia por violencia familiar contra Adrián Gabino.

Sin embargo, la defensa acreditó que la Fiscalía negó en reiteradas ocasiones —incluso por escrito— la existencia de la carpeta de investigación que dio origen al cateo, lo que evidenció contradicciones graves y ocultamiento de información oficial.

Pese a ello, la orden fue ejecutada, y el menor fue entregado de manera irregular a su hermano Giovanni Hernández Bautista, quien reside con su madre Elizabeth Bautista Velasco, en lo que la defensa calificó como una maniobra para sustraer al menor del ámbito de custodia legal de su padre.

Juez familiar actuó fuera de procedimiento

El Tribunal Federal también identificó irregularidades en la actuación de la jueza del Juzgado Cuarto Familiar, Ana Luisa Hernández González, quien avaló la entrega del menor a su hermano pese a que la custodia legal de Marco Antonio nunca fue revocada por autoridad competente.

La defensa denunció que la juez actuó bajo influencia de la Ministerio Público Minerva Díaz Torres, quien carece de facultades para intervenir en asuntos familiares, usurpando atribuciones propias del Poder Judicial.

Además, durante una audiencia, la juez presionó a Adrián Gabino para que aceptara un convenio de pensión alimenticia en favor del hermano, a pesar de que el padre conservaba la guarda y custodia definitiva desde 2021.
La defensa sostiene que esta actuación violó el principio de imparcialidad y benefició directamente a la exmagistrada Elizabeth Bautista Velasco, madre del menor.

Fallo federal y orden de restitución

En su sentencia, el Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente:

“Primero: En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.
Segundo: La justicia de la Unión ampara y protege, por su propio derecho y en representación de su hijo, a Adrián Gabino Hernández Bautista, contra la orden de cateo emitida el 24 de octubre de 2024 por el juez de control del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, y su ejecución…”.

Asimismo, instruyó al juez de control negar librar nuevamente cualquier orden de cateo y ordenó a la Fiscalía de la Mujer adoptar las medidas necesarias para que, a la brevedad, el joven Marco Antonio sea restituido al domicilio donde habitaba con su padre.

El fallo también dispone que se notifique la resolución, se devuelvan los autos al tribunal de origen y se archive el asunto como concluido.

Exigen cumplimiento inmediato y sanciones

Pese al fallo definitivo, Adrián Gabino Hernández Bautista denunció que la Fiscalía no ha cumplido con la restitución ordenada por el Poder Judicial Federal.

El padre exigió la ejecución inmediata de la sentencia y pidió la intervención de organismos de derechos humanos para garantizar la seguridad y bienestar de su hijo, advirtiendo que las omisiones institucionales y conflictos de interés en este caso evidencian un patrón de abuso de poder y protección a funcionarios de alto nivel.

Temor fundado y nuevas acciones legales

La defensa expresó su temor fundado de que las autoridades responsables no cumplan la sentencia de amparo en sus términos, o intenten justificar su incumplimiento mediante algún mecanismo legal confeccionado en beneficio de la magistrada Elizabeth Bautista Velasco, a quien —afirman— se identifica abiertamente el expediente como “el asunto de la maestra Elizabeth”, lo que refleja un trato privilegiado y parcial dentro del proceso judicial.

Ante la acumulación de actuaciones irregulares detectadas en la investigación y ejecución del cateo, los representantes legales de Adrián Gabino analizan la posibilidad de presentar una formal querella en contra de los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, la Ministerio Público Minerva Díaz Torres, el juez de control que autorizó la orden, el procurador de PRODENNAO, y en general contra todas las personas que participaron en la elaboración y ejecución indebida del procedimiento penal, por considerar que actuaron fuera de la ley y en perjuicio directo de los derechos del menor y su padre.