San Raymundo Jalpan, Oax. — El Congreso del Estado de Oaxaca aprobó este martes una ley local denominada Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la que busca armonizar su marco legal con la norma federal recientemente promulgada. La iniciativa fue impulsada por la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la diputada Tania Caballero Navarro, quien destacó que el nuevo instrumento representa “un andamiaje jurídico moderno y eficaz” para enfrentar un problema que ha socavado el tejido social y la economía familiar en la entidad.
La ley local se enmarca en el contexto de una redefinición nacional del combate a la extorsión. A finales de octubre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, un dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, facultando al Estado mexicano para establecer sanciones uniformes, procesos homologados y mecanismos de coordinación entre Federación, estados y municipios.
El dictamen fue ratificado por la Senado de la República, que con sus cambios y ajustes devolvió el proyecto a la Cámara de Diputados, consolidando así el marco nacional contra la extorsión.
La reforma constitucional subyacente facultó al Congreso de la Unión para emitir esta Ley General, en cumplimiento del inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución.
De acuerdo con la exposición de motivos, la ley aprobada en Oaxaca organiza las facultades de los diversos órdenes de gobierno —municipal, estatal y federal— para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión. También regula la protección de víctimas y testigos, el aseguramiento de recursos vinculados a actividades extorsivas, y mecanismos para atender modalidades modernas delictivas, como extorsiones a través de plataformas digitales o comunicaciones electrónicas.
Con la aprobación local, las autoridades estatales y municipales podrán actuar con base en procedimientos homologados, lo que —según los legisladores— facilita la persecución penal con eficacia y objetividad.
En distintos análisis de la iniciativa nacional se advierte que la extorsión ya no se limita al “cobro de piso” tradicional: hoy incluye amenazas vía llamadas, “montadeudas”, extorsión digital, actos de intimidación contra comerciantes, transportistas, artesanos y otras personas cuyo sustento depende del comercio informal o comunitario.
En ese sentido, la homogeneización normativa busca cerrar lagunas que tradicionalmente han permitido la impunidad. Además, la ley nacional enfatiza la persecución de oficio, sin necesidad de que la víctima denuncie voluntariamente, y contempla sanciones proporcionales, reparación integral del daño, y medidas de protección ante revictimización.
Con la aprobación local, Oaxaca se alinea con el esquema nacional. La ley entra en vigor tras su publicación, proporcionando un marco actualizado que permite tanto prevenir nuevas formas de extorsión como perseguirlas con herramientas adecuadas. Las autoridades estatales y municipales deberán ahora aplicar los protocolos establecidos, y las víctimas tendrán un mecanismo institucional formal para denunciar y recibir protección.
Para muchos habitantes de comunidades vulnerables, pequeñas empresas y comercio informal, esta nueva legislación representa una esperanza de que medidas concretas reduzcan el temor y fomenten la seguridad en ámbitos cotidianos.
