- Se privilegia la autonomía de la voluntad y se eliminan barreras económicas y técnicas en procesos familiares
San Raymundo Jalpan, Oax., a 13 de febrero de 2026.- El Congreso del Estado aprobó, con 30 votos, el dictamen de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia por el que se reforma la fracción V del artículo 126 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca, con el propósito de fortalecer el acceso a una justicia pronta, expedita y accesible.
La reforma establece que, en los procedimientos de divorcio por mutuo consentimiento, los cónyuges deberán acompañar un inventario de los bienes adquiridos durante el matrimonio y podrán acordar libremente el destino y distribución en el convenio respectivo, cuando el matrimonio se haya celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal.
Con esta modificación, se elimina la exigencia de presentar un avalúo realizado por peritos certificados como requisito obligatorio, lo que permitirá reducir costos y tiempos en el proceso judicial, al tiempo que se reconoce la capacidad de las partes para determinar, de manera consensuada, la distribución de su patrimonio; este modelo se rige por los principios de autonomía de la voluntad, economía procesal y mínima intervención judicial, dado que no existe conflicto contencioso entre las partes.
En su dictamen, la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia determinó que la obligación de presentar avalúos periciales constituía una formalidad que encarecía y retrasaba innecesariamente los procedimientos, particularmente en contextos donde el acceso a dichos servicios es limitado. En este sentido, señaló que en el divorcio voluntario prevalece la ausencia de conflicto, por lo que resulta congruente privilegiar la autonomía de la voluntad de las partes para acordar el destino de sus bienes.
El dictamen aprobado deriva de la iniciativa presentada por la diputada María Eulalia Velasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Fuerza por Oaxaca, y se encuentra alineado con los criterios del Poder Judicial de la Federación y con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que promueven mecanismos más ágiles y accesibles en la impartición de justicia familiar.
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