Por Alejandro Vivanco/15 de junio de 2026
En Oaxaca, cada vez que la Sección 22 instala un plantón, toma carreteras o paraliza actividades, el discurso oficial es el mismo: la defensa de los derechos laborales, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reivindicación histórica del movimiento democrático magisterial.
Y nadie puede negar que existen demandas legítimas.
Nadie puede negar que miles de maestras y maestros sobreviven con salarios insuficientes, sostienen a sus familias con enormes sacrificios y enfrentan las mismas carencias que millones de trabajadores mexicanos.
Pero tampoco puede ignorarse la otra cara de la moneda.
La que pocos dirigentes quieren discutir.
Porque mientras el conflicto se prolonga, los alumnos siguen perdiendo clases; mientras los comerciantes del Centro Histórico de Oaxaca ven desplomarse sus ventas; mientras pequeños empresarios cierran antes de tiempo o apenas logran pagar nóminas; mientras restauranteros, artesanos, taxistas y vendedores ambulantes padecen una nueva temporada de incertidumbre económica, hay quienes parecen beneficiarse políticamente de que la protesta nunca termine.
Y en el imaginario de muchos maestros de base existe una sospecha cada vez más fuerte:
que entre más dure la movilización, más rentable se vuelve para quienes la administran, ¿más millones para los líderes ?
No es una acusación nueva.
El movimiento magisterial oaxaqueño carga con el peso de su propia historia. Basta recordar los videos que marcaron a una generación, donde se exhibió al entonces dirigente Enrique Rueda Pacheco recibiendo presuntamente maletas con dinero en medio del conflicto de 2006. Aquel episodio destruyó la narrativa romántica de que todos los dirigentes eran incorruptibles. Después la dádivas que recibió Azael Santiago Chepi quien fue acusado de derrochar dinero en sus borracheras, Francisco Villalobos secretario de Organización de Rubén Núñez con su mochila azul y la clave de la caja fuerte, Eloy López Hernández que se convirtió en empresario de la construcción y por último la actual secretaria Yeni Pérez Martínez a quien el lente magisterial ya vigila por la compra de sendas propiedades millonarias.
Desde entonces quedó sembrada una duda que nunca desapareció:
¿Cuántas veces se negoció a espaldas de los maestros en plantón?
Hoy, esa desconfianza vuelve a emerger.
Diversos sectores del propio magisterio señalan públicamente a integrantes de la actual dirigencia de la sección 22. Los nombres que más se repiten en conversaciones internas, publicaciones en redes sociales y grupos de discusión magisterial son los de la secretaria general Yeni Pérez Martínez; su pareja sentimental, Luis Alberto López Pazos; Eutiquio Ruiz Reyes secretario técnico y José Antonio Altamirano Marín, integrante de la Comisión Política y responsable del financiamiento de una caja interna millonaria, ojo puestos sobre la actual dirigencia.
Y la pregunta es inevitable:
¿Por qué cada vez más maestros sospechan de sus propios dirigentes?
La respuesta quizá se encuentra en el momento político que vive la Sección 22.
La actual dirigencia se encuentra en la recta final de su periodo.
Las aguas comienzan a agitarse.
Los grupos internos empiezan a medir fuerzas.
Las corrientes políticas se reorganizan.
La sucesión ya comenzó.
Y en esa disputa no solamente está en juego quién encabezará el próximo Comité Ejecutivo Seccional; está en juego el control político de una de las organizaciones sindicales más influyentes del país.
Porque quien controla la dirigencia controla la interlocución con los gobiernos.
Controla las mesas de negociación.
Controla la representación política.
Y, según sostienen voces críticas del propio magisterio, controla también la capacidad de obtener beneficios, millones, diputaciones, presidencias y posiciones de poder.
Por eso resulta importante preguntarse si esta nueva jornada de lucha responde exclusivamente a una causa laboral o si también se ha convertido en una demostración de fuerza entre corrientes internas que buscan acreditar quién moviliza más contingentes y quién tiene mayor capacidad de presión.
Mientras tanto, la factura social sigue creciendo y los maestros de base son convocados una y otra vez a trasladarse cientos de kilómetros, dormir en campamentos improvisados y abandonar temporalmente sus comunidades.
Paradójicamente, muchos de ellos regresarán a casas modestas, con créditos por pagar y preocupaciones económicas intactas.
La gran ironía es que quienes sostienen la movilización suelen ser los que menos ganan de ella.
Porque el verdadero capital de estas luchas parece concentrarse arriba.
En quienes deciden cuándo radicalizar y cuándo levantar el movimiento.
Y entonces surge la pregunta más incómoda de todas:
¿Quién decide cuándo ya se luchó lo suficiente?
Porque la historia reciente demuestra que, de un día para otro, los movimientos más radicales pueden anunciar un “repliegue táctico”, declarar triunfos parciales o regresar a las aulas tras semanas de sacrificio colectivo.
La tragedia es que miles de trabajadores honestos terminen siendo utilizados como combustible de proyectos personales, plataformas políticas o disputas por el control interno del sindicato.
Porque si la lucha social deja de servir a quienes marchan para servir a quienes negocian, entonces deja de ser una herramienta de transformación y corre el riesgo de convertirse en una industria.
Una industria donde el conflicto genera dividendos políticos.
Donde la movilización se convierte en moneda de cambio.
Y donde los maestros ponen el cuerpo, mientras los líderes administran los beneficios.
Dicen que la lucha es por el pueblo y por los trabajadores. Pero cuando terminan, el pueblo sigue pobre, los maestros más endeudados y los líderes aparecen más ricos. Tal vez la consigna ya no debería ser “¡Ni un paso atrás!”, sino: “¡Ni un peso más!”.
