Redacción
Oaxaca, Oax.- Un operativo desplegado durante la madrugada en distintos puntos de la zona metropolitana de Oaxaca derivó en la detención de seis integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), quienes son investigados por su presunta participación en un esquema de extorsión.
Las acciones fueron realizadas en inmuebles ubicados en Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Trinidad de Viguera, Santa Lucía del Camino, San Antonio de la Cal y San Pablo Etla, con participación de corporaciones estatales y federales.
Entre las personas detenidas se encuentran Erika Suliana M. M., identificada como regidora de Ecología de San Antonio de la Cal; Erick M. C., alias “El Panda”; Joel S. M., “El Chompo”; Óscar Alanís S. R., “El Cangrejo”; Julián C. S., “El Gordo”, y Sharon Italia C. H., conocida como “Italia”.
De acuerdo con los señalamientos que dieron origen a las investigaciones, una de las líneas apunta a un intento de extorsión contra una empresa cementera asentada en San Lorenzo Cacaotepec, en el Valle de Etla. El caso habría requerido la intervención de autoridades estatales ante las presiones ejercidas contra la compañía.
La investigación no se limitaría al delito de extorsión. Las autoridades indagan también posibles conductas relacionadas con cobro de piso, narcomenudeo, delincuencia organizada y otros ilícitos, aunque será la autoridad ministerial y, en su caso, un juez quien determine cuáles acusaciones pueden acreditarse jurídicamente.
Tras las diligencias y cateos, los detenidos fueron concentrados para posteriormente ser trasladados al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, en Santa Cruz Xoxocotlán, desde donde serían llevados a la Ciudad de México para continuar con las investigaciones.
El operativo ocurre en un contexto de creciente presión sobre la ASAEO. En meses recientes, comerciantes, transportistas y empresarios han denunciado públicamente amenazas, hostigamiento y presuntos cobros ilegales atribuidos a personas vinculadas con la organización. En junio, comerciantes de un tianguis de la colonia Reforma denunciaron que un grupo presuntamente relacionado con ASAEO intentó imponer cuotas de hasta 8 mil pesos y presionarlos para afiliarse.
En julio, el Gobierno de Oaxaca anunció una revisión jurídica, penal y tributaria de organizaciones sindicales, después de que distintos sectores denunciaran presuntas extorsiones, cobros ilegales y afiliaciones forzadas.
Antecedentes de “El Cangrejo”
Uno de los detenidos, Óscar Alanís S. R., alias “El Cangrejo”, cuenta con un antecedente policial documentado.
El 29 de abril de 2025 fue detenido en Santa Rosa Panzacola después de que se reportara que presuntamente había amenazado con un arma de fuego a un automovilista sobre la carretera federal 190.
De acuerdo con la información difundida entonces, policías localizaron el vehículo en el que viajaba Alanís y, durante la intervención, una mujer que lo acompañaba tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetros. En el sitio también se registró la llegada de personas presuntamente relacionadas con un sindicato, lo que obligó a solicitar refuerzos.
Posteriormente, Alanís volvió a ser señalado públicamente por habitantes y transportistas en conflictos relacionados con la operación de mototaxis en San Pablo Etla. En julio, vecinos de los fraccionamientos Hacienda Blanca y La Esmeralda manifestaron su rechazo al ingreso de unidades vinculadas con ASAEO y señalaron al dirigente como responsable de la organización.
ASAEO, bajo investigación y presión pública
Las recientes detenciones se suman a otras acciones contra integrantes de la organización. El pasado 11 de agosto, fuerzas de seguridad recuperaron un predio de aproximadamente 37 hectáreas en Etla que había sido ocupado presuntamente por integrantes de ASAEO; durante ese operativo también fueron detenidas dos personas vinculadas con la agrupación.
En paralelo, la propia ASAEO ha rechazado las acusaciones de cobro de piso. En julio, dirigentes de la organización sostuvieron que las aportaciones económicas señaladas por transportistas correspondían al pago por el uso de espacios privados y no a cuotas de extorsión.
La nueva operación coloca nuevamente a la agrupación en el centro de una investigación de alto impacto. La Fiscalía deberá determinar ahora la responsabilidad individual de cada uno de los detenidos y establecer si existen elementos suficientes para acreditar la presunta red delictiva investigada.
Hasta que exista una resolución judicial, las personas detenidas deben ser consideradas inocentes y será el proceso penal el que determine su situación jurídica.
