MILLONES EN SEGURIDAD, EJECUCIONES EN LAS CALLES Y UN VACÍO DE RESPONSABILIDADES
Juchitán de Zaragoza tiene dinero, patrullas, cámaras, equipo y hasta el respaldo de los gobiernos estatal y federal. Lo que parece no tener es una estrategia de seguridad que se traduzca en tranquilidad para sus habitantes.
De acuerdo con la información publicada este 29 de agosto, el municipio concentra alrededor de 462 millones de pesos en participaciones y aportaciones federales. Tan solo del FORTAMUN, destina más de 40 millones de pesos —33.69% del fondo— a seguridad.
Hay 7.6 millones de pesos para cámaras, más de 7.3 millones para vestuario y equipamiento, y está en proceso la instalación de 195 cámaras fijas y 35 PTZ, además de botones de auxilio, altavoces y nueva infraestructura para el C2.
¿Y el resultado?
La violencia continúa.
Homicidios, extorsiones, conflictos armados y delitos de alto impacto siguen golpeando a Juchitán, mientras la ciudadanía se pregunta dónde están los resultados de semejante inversión.
El problema no parece ser únicamente la falta de recursos. También hay serios cuestionamientos sobre la capacidad institucional: de 111 policías municipales, solo 72 tienen vigentes sus controles de confianza y apenas 65 cuentan con Certificado Único Policial.
Entonces surge una pregunta inevitable:
¿Quién está fallando?
Porque resulta indignante que sea más fácil mover a todo el aparato de seguridad estatal y federal para contener una crisis, enviar patrullas, instalar cámaras y desplegar operativos, que exigir resultados a un gobierno municipal que claramente está bajo presión por la inseguridad.
Y mientras Juchitán enfrenta ejecuciones y una crisis que no puede esconderse detrás de cifras o discursos, el Congreso de Oaxaca permanece prácticamente mudo.
¿Dónde están los diputados?
¿Por qué no hay un debate serio sobre la situación institucional de Juchitán?
¿Por qué ni siquiera se pone sobre la mesa la posibilidad de una desaparición de poderes, si las condiciones jurídicas y políticas llegaran a configurarse para ello?
No se trata de quitar a un alcalde por capricho ni de utilizar la seguridad como arma política. Se trata de que, cuando un gobierno municipal no garantiza resultados y la violencia se convierte en una amenaza permanente, las instituciones tienen que asumir su responsabilidad y evaluar todas las alternativas que contempla la ley.
Juchitán no necesita solamente más cámaras.
Necesita resultados.
Porque de nada sirve tener millones de pesos para seguridad, tecnología de punta y todo el respaldo del Estado y la Federación, si la gente sigue viviendo con miedo.
Y peor aún: de nada sirve tener un Congreso si sus diputados prefieren guardar silencio frente a una crisis que exige decisiones.
Juchitán merece mucho más que discursos, operativos temporales y funcionarios justificando cifras.
Merece seguridad. Merece autoridad. Y merece un gobierno que dé resultados.
La pregunta de fondo es otra:
¿Quién está respondiendo por la falta de resultados?
Juchitán no puede seguir siendo el municipio al que se le mandan más recursos, más patrullas y más operativos mientras la violencia continúa.
En algún momento tendrá que revisarse, con seriedad y sin cálculos políticos, si quienes actualmente tienen la responsabilidad de gobernar y garantizar la seguridad de la población están cumpliendo con su obligación.
Porque proteger a Juchitán no puede significar únicamente movilizar cada vez más al aparato estatal y federal para compensar las deficiencias locales.
Gobernar también significa responder.
Y cuando los resultados no llegan, alguien tiene que rendir cuentas.
