Oaxaca se encamina hacia un nuevo proceso electoral y, una vez más, comienzan a desfilar los políticos de siempre: quienes saltan de un cargo a otro, funcionarios que después de administraciones grises buscan una segunda oportunidad y legisladores que, sin resultados que presumir, ya aspiran a gobernar municipios o alcanzar posiciones de mayor poder.
Pero esta vez la pregunta debe ser incómoda:
¿Quiénes realmente están en condiciones legales, políticas y éticas de pedir nuevamente el voto de los oaxaqueños?
Porque una cosa es aparecer en una boleta y otra muy distinta merecer la confianza ciudadana.
Habrá que revisar a quienes tengan inhabilitaciones firmes, a quienes aparezcan en registros de deudores alimentarios y a quienes arrastren cuentas pendientes, observaciones o procedimientos derivados del manejo de recursos públicos.
Y hay que aclararlo: una observación de la Auditoría Superior de la Federación no significa automáticamente una inhabilitación o culpabilidad. Pero tampoco puede esconderse debajo de la alfombra.
Quien administró dinero público y ahora quiere otro cargo debe explicar qué hizo, qué dejó pendiente, qué observaciones recibió y si fueron solventadas.
La ciudadanía tiene derecho a saberlo.
También están los deudores alimentarios. Si alguien pretende representar a los ciudadanos, primero debe responder por sus propias obligaciones. Las restricciones legales deben aplicarse donde correspondan, pero el comportamiento de un aspirante también debe ser evaluado por el electorado.
Porque gobernar también es responder.
Y después están los eternos aspirantes.
Diputados y senadores que prometieron representar a Oaxaca, pero cuya gestión dejó más fotografías que resultados. Ahora buscan presidencias municipales, nuevos cargos legislativos o posiciones dentro de los gobiernos.
¿De verdad debemos premiar la falta de resultados con otro cargo?
También están quienes ya gobernaron y quieren regresar. Personajes que dejaron administraciones cuestionadas, obras inconclusas, problemas financieros o gestiones mediocres y ahora pretenden convencer al ciudadano de que esta vez sí serán diferentes.
¿La memoria política de Oaxaca dura solamente tres años?
Parece que algunos apuestan a eso.
A que olvidemos.
A que una nueva campaña borre una mala administración.
A que una fotografía, una despensa o una promesa sustituya los resultados que nunca llegaron.
Pero Oaxaca no puede seguir votando así.
El estado tiene recursos, talento, cultura y enormes posibilidades, pero seguimos padeciendo pobreza, marginación, inseguridad, infraestructura insuficiente, servicios deficientes y comunidades que continúan esperando respuestas.
Y las malas decisiones políticas también tienen un costo.
No se trata solamente de cuánto dinero se gasta en una campaña. El verdadero costo está en los años perdidos: en hospitales que no funcionan, caminos que no llegan, escuelas abandonadas, obras inconclusas y recursos públicos bajo sospecha.
Tres años de una mala administración pueden significar tres años de atraso para una comunidad.
Seis años de una mala decisión pueden comprometer el futuro de todo un estado.
Por eso, la próxima elección debe convertirse en una auditoría ciudadana.
Antes de preguntar qué promete un candidato, hay que preguntar qué hizo.
Antes de escuchar lo que ofrece, hay que revisar lo que dejó.
Antes de entregarle otros tres o seis años de poder, hay que preguntarnos qué hizo con los tres o seis años que ya tuvo.
Oaxaca necesita ciudadanos incómodos.
Que investiguen.
Que cuestionen.
Que revisen antecedentes, resultados, cuentas públicas y sanciones firmes.
Que no voten solamente por un color, un partido, una fotografía o una promesa.
Porque Oaxaca no necesita políticos expertos en ganar elecciones.
Necesita servidores públicos capaces de entregar resultados.
La responsabilidad ya no está solamente en los partidos. Está en cada ciudadano frente a la boleta.
Oaxaca tiene que despertar.
Porque después de votar no habrá discurso que alcance para corregir una mala elección.
Y el precio de equivocarnos nuevamente no lo pagará un partido.
Lo pagaremos todos los oaxaqueños.
El futuro de Oaxaca no se decide en los discursos de campaña.
Se decide cuando el ciudadano recuerda, investiga y finalmente decide a quién le entrega su voto.
No necesitamos otros seis años de atraso.
Necesitamos empezar a cambiar.
