- El Punto de Acuerdo exige máxima publicidad, investigación oficiosa y mecanismos efectivos que impidan la postulación de agresores y personas prófugas de la justicia
San Raymundo Jalpan, Oax., a 24 de septiembre de 2026.- El Congreso del Estado exhortó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) a fortalecer los mecanismos de difusión, verificación, investigación oficiosa y trazabilidad de la medida “8 de 8 contra la violencia” durante el Proceso Electoral Local 2026-2027.
La propuesta, promovida por la diputada Jimena Yamil Arroyo Juárez del Grupo Parlamentario de Morena, establece que la autoridad electoral debe actuar bajo los principios de máxima publicidad, deber reforzado, debida diligencia, perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, con el objetivo de garantizar que ninguna persona con sentencia firme por delitos de violencia de género, deudores alimentarios o que se encuentre prófuga de la justicia pueda acceder a una candidatura de elección popular.
El Punto de Acuerdo aprobado de Urgente y Obvia Resolución fundamenta la necesidad de que el IEEPCO contemple de manera integral las fracciones VI y VII del artículo 38 de la Constitución Política de México, abarcando la suspensión de derechos de la ciudadanía no solo por sentencias definitivas en delitos sexuales, violencia familiar o violencia política contra las mujeres en razón de género, sino también para quienes cuenten con órdenes de aprehensión vigentes y se encuentren sustraídos de la acción de la justicia.
De igual forma, con absoluto respeto a su autonomía constitucional, solicita al órgano electoral la puesta en marcha de una campaña masiva, permanente y accesible sobre la medida «8 de 8», la habilitación de rutas claras de atención y recepción de escritos ciudadanos en los Consejos Distritales y Municipales con reserva de identidad para las víctimas, así como el establecimiento de esquemas de coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGEO), el Tribunal Superior de Justicia (TSJO) y el Gobierno del Estado.
Asimismo, el acuerdo enfatiza que la investigación a cargo del instituto debe ser oficiosa para evitar trasladar la carga de la prueba a las víctimas.
