La consejera electoral Blanca Yassahara Cruz García fue designada presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó el cargo en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y el manejo de recursos públicos.
El nombramiento se concretó este martes 27 de octubre, en un momento de presión sobre el organismo encargado de organizar las elecciones federales, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmara que cuenta con indicios para investigar posibles anomalías en contratos del INE y de organismos electorales locales.
Uno de los principales puntos bajo escrutinio son las contrataciones con empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales y servicios electorales. De acuerdo con investigaciones periodísticas, compañías relacionadas con él recibieron contratos millonarios, mientras se documentaron vínculos personales y laborales entre personas del entorno de la presidencia del instituto y representantes de esas empresas.
Entre los datos reportados destaca el caso de Corporativo Zeg, empresa que habría obtenido contratos por 184 millones de pesos y transferido 167 millones a otras cuatro compañías, operaciones que forman parte de los señalamientos sobre una posible triangulación de recursos. También se reportó la adjudicación directa de un contrato cercano a los 197 millones de pesos para materiales relacionados con la elección judicial de 2025, después de que una licitación previa fuera declarada desierta. Estos hechos requieren el esclarecimiento de las autoridades fiscalizadoras para determinar si existieron faltas administrativas o delitos.
La controversia también alcanzó a funcionarios y colaboradores del organismo. Reportes periodísticos señalaron posibles vínculos empresariales de personas que trabajaban en el INE, así como dudas sobre la acreditación de servicios y el cumplimiento de obligaciones relacionadas con declaraciones patrimoniales. Los señalamientos forman parte de las investigaciones y no equivalen, por sí mismos, a una determinación judicial de responsabilidad.
La ASF informó que su investigación contempla posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Paralelamente, el Órgano Interno de Control del INE mantiene indagatorias relacionadas con adquisiciones públicas y posibles responsabilidades de funcionarios, exfuncionarios y empresas proveedoras.
Tras presentar su renuncia, Taddei sostuvo que su salida no elimina la obligación de esclarecer los hechos que deban investigarse. La exconsejera presidenta había defendido la legalidad de las contrataciones cuestionadas, mientras las revelaciones periodísticas y las revisiones fiscalizadoras incrementaron las exigencias de transparencia y rendición de cuentas.
¿Quién es Blanca Cruz García?
La nueva presidenta provisional es licenciada en Derecho, con especialización en Derecho Constitucional y Amparo, y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Antes de incorporarse al Consejo General del INE en abril de 2026, se desempeñó como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, cargo que asumió en noviembre de 2022. Su experiencia incluye labores dentro del servicio profesional electoral y responsabilidades jurídicas y administrativas en organismos electorales.
Su llegada a la presidencia provisional ocurre a menos de un año de las elecciones federales de 2027, por lo que deberá garantizar la continuidad de los trabajos de organización electoral mientras se define quién ocupará la titularidad del organismo para concluir el periodo correspondiente.
El relevo no cierra las investigaciones ni resuelve los cuestionamientos sobre las contrataciones. El desafío inmediato para el INE será mantener su operación, transparentar los procedimientos administrativos que puedan hacerse públicos conforme a la ley y permitir que las instancias fiscalizadoras determinen si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.
La atención pública se mantendrá sobre los resultados de las auditorías y las posibles sanciones, en un contexto en el que la imparcialidad, la independencia y la confianza ciudadana en la autoridad electoral serán fundamentales para la organización de los próximos comicios.
