Las elecciones que no llegaron a Oaxaca: los palomeados podrían quedarse en el camino

Las cartas ya estaban echadas, los puestos ya se habían repartido y algunos aspirantes ya saboreaban las mieles de sus nuevas posiciones en las próximas “elecciones democráticas”. Sin embargo, un posible golpe de timón desde el Gobierno de México podría derrumbar lo que quedaba en pie de una pirámide de naipes que, desde hace tiempo, amenazaba con venirse abajo.

Políticos que ya se repartían el poder sin haber ganado una sola elección; funcionarios que se sienten con un pie fuera del gabinete y otro dentro de una nueva oficina; regidores que aspiran a saltar al gobierno estatal; ediles que buscan reelegirse; exalcaldes que preparan su regreso y legisladores que ya miran hacia las presidencias municipales o la gubernatura.

Algunos presumen respaldos, organizan reuniones, aparecen en desayunos con grupos sociales y políticos, y promueven su imagen en espectaculares, bardas y lonas. Pero hay una diferencia entre sentirse candidato y tener asegurada una candidatura.

En Oaxaca, la sucesión ya comenzó a mover las piezas. La pregunta es: ¿quién está construyendo un proyecto propio y quién solamente espera que un padrino le entregue una candidatura?

Porque muchos aspirantes parecen carecer de capital político propio. Algunos se encuentran prácticamente en la lona y dependen de que alguien los impulse, los respalde y, en última instancia, les consiga la candidatura que tanto buscan.

La renovación política sigue siendo una asignatura pendiente. Se repiten los apellidos, los discursos y las promesas, mientras los mismos personajes buscan brincar de un cargo a otro. Algunos chapulinean entre partidos, se acercan a antiguos adversarios o modifican su discurso para mantenerse vigentes.

Cambiar de camiseta no significa cambiar de prácticas. Oaxaca necesita perfiles capaces de demostrar resultados, no políticos que conviertan cada cargo en una plataforma para conseguir el siguiente.

¿Dónde están las caras nuevas? ¿Quién trae propuestas diferentes? ¿Quién puede explicar qué hizo durante su gestión y qué pretende hacer ahora que busca otra posición?

El problema no es que los políticos tengan aspiraciones, sino que algunos parecen más preocupados por conservar el poder que por resolver los problemas del estado. Y muchos, después de ocupar cargos públicos, todavía tienen demasiadas cuentas pendientes con Oaxaca.

Los aspirantes también tendrán que considerar el peso de las dirigencias nacionales y de los acuerdos que se construyan fuera de la entidad. El respaldo de un grupo local no garantiza una candidatura, y sería ingenuo ignorar que las negociaciones nacionales pueden modificar las expectativas de quienes hoy se sienten favoritos.

En política, los apoyos duran mientras existen intereses comunes. Y no todos los que hoy presumen cercanía con el poder estarán sentados a la mesa cuando llegue la hora de repartir las candidaturas.

Otro asunto que no debe perderse de vista son los cuestionamientos sobre presuntas irregularidades, auditorías pendientes y posibles conflictos de interés relacionados con actores políticos.

Las investigaciones y los operativos de seguridad en Oaxaca también obligan a observar con atención la relación entre poder y responsabilidades públicas. Los más suspicaces ven en estos acontecimientos posibles implicaciones electorales, aunque cualquier vínculo concreto deberá sustentarse en información verificable.

Hoy, buena parte de la conversación política en torno a las candidaturas gira alrededor del argüende, los señalamientos y las acusaciones. Si los aspirantes aseguran tener expedientes contra sus adversarios, que presenten las denuncias correspondientes. Si existen auditorías con observaciones pendientes, que se aclare su situación. Y si presumen honestidad, que demuestren congruencia entre su discurso y sus actos.

La ciudadanía merece menos espectáculo y más respuestas verificables. La lucha contra la corrupción no puede activarse solamente cuando comienza la disputa por una candidatura.

Las redes sociales también comienzan a reactivarse. Circulan fotografías de reuniones con grupos de 10, 20 o 30 personas que, por sí solas, no determinan la fuerza electoral de un aspirante. Sin embargo, cuando aparecen repetidamente los mismos rostros, vale la pena preguntarse si están ampliando su respaldo ciudadano o solamente conversando entre quienes ya forman parte de su círculo político.

También llama la atención la promoción anticipada mediante espectaculares, bardas, lonas, desayunos y recorridos. No toda aparición pública constituye una infracción electoral, pero sí es legítimo preguntar quién financia estas actividades y si los gastos cumplen con las reglas aplicables.

Y están los padrinos: empresarios, operadores, exfuncionarios y personajes controvertidos que aparecen acompañando a quienes prometen una transformación política.

Su presencia no demuestra por sí misma ninguna irregularidad. Sin embargo, cuando existen vínculos documentados que podrían representar conflictos de interés, los aspirantes tienen la obligación política de dar explicaciones.

¿Quién paga la cuenta? ¿Qué compromisos se adquieren? ¿Qué intereses podrían beneficiarse si determinado aspirante llega al poder?

Porque el respaldo político rara vez es gratuito, y los compromisos adquiridos durante una campaña pueden terminar influyendo en las decisiones de gobierno.

Mientras algunos aspirantes presumen sus carreras matutinas, sus desayunos y sus reuniones, miles de oaxaqueños enfrentan problemas de atención médica, falta de medicamentos, bloqueos, dificultades de movilidad, suspensión de clases, derrumbes carreteros, homicidios y carencias en los servicios básicos.

Caminar por las calles o reunirse con sectores sociales no tiene nada de malo. El problema aparece cuando la comunicación política se convierte en una vitrina de actividades personales y deja en segundo plano las propuestas.

¿Cuántos aspirantes pueden explicar qué harán para resolver los problemas de Oaxaca, cuánto costarán sus proyectos y cómo medirán sus resultados?

Algunos de los llamados suspirantes podrían descubrir que su fuerza no les pertenece: depende del dirigente que los presenta, del operador que organiza sus reuniones o del grupo que hoy les ofrece respaldo.

Si esos apoyos desaparecen, ¿cuánto de su estructura seguirá en pie?

El calendario electoral obliga a mirar más allá de los destapes actuales. En 2027 se elegirán 42 diputaciones locales y las autoridades de 152 municipios oaxaqueños que se rigen por el sistema de partidos políticos. La gubernatura se disputará en 2028, para un periodo excepcional de dos años, del 1 de diciembre de 2028 al 30 de noviembre de 2030.

Esto significa que la sucesión tendrá varias etapas. Los resultados de 2027 podrían fortalecer a unos grupos, debilitar a otros y modificar las negociaciones rumbo al Poder Ejecutivo estatal.

Quienes hoy se sienten indispensables tendrán que demostrar que pueden movilizar votos y conservar el respaldo de sus estructuras. Otros podrían convertirse en opciones de consenso cuando los grupos no logren ponerse de acuerdo.

Por eso, afirmar que las candidaturas ya están definidas sería prematuro. Pero pensar que las negociaciones no han comenzado también sería ingenuo.

Oaxaca realmente necesita que quienes aspiran a gobernar expliquen sus resultados, transparenten sus relaciones, respondan por sus actos y presenten propuestas que puedan ser evaluadas por la ciudadanía.

No hay elementos suficientes para asegurar que la decisión esté tomada ni que vaya a producirse una ruptura política. Pero sí hay razones para vigilar las alianzas, los gastos de promoción y los antecedentes documentados de quienes buscan una candidatura.

Porque una cosa es lo que se dice públicamente y otra muy distinta lo que se negocia a puerta cerrada.

En el ajedrez político, los peones suelen ser las piezas más numerosas y, muchas veces, las menos reconocidas. Son quienes permanecen en las estructuras, acompañan a sus dirigentes y respaldan al movimiento, incluso cuando las decisiones importantes se toman lejos de ellos.

Por eso, no debemos perder de vista el respaldo que, desde el Gobierno de México, han recibido determinados actores políticos que se incorporaron a Morena y que, según sus trayectorias públicas, han mantenido una relación cercana con las dirigencias nacionales desde la administración anterior. Algunos podrían tener hoy mayor acceso a los espacios de decisión que otros militantes que llevan años defendiendo el movimiento, pero que no necesariamente aparecen en las fotografías ni participan en las negociaciones de mayor alcance. Basta con dar seguimiento a las funciones que hoy ejecutan en la CDMX, al norte del país y la cuota de poder en el Senado de la República

¿Estamos ante un reacomodo de piezas que podría sorprender a quienes ya se sienten presidentes municipales de Oaxaca de Juárez o candidatos a la gubernatura?

La hipótesis de un enroque político desde el Gobierno de México cobra relevancia al observar el calendario: primero, la elección de 2027; después, la gubernatura de dos años en 2028; y, finalmente, el siguiente periodo de seis años, que comenzará en 2030. Cada etapa podría modificar los equilibrios y abrir nuevas negociaciones.

Los acuerdos que hoy parecen definitivos podrían cambiar. Los aspirantes que actualmente se sienten seguros podrían quedarse fuera, mientras otros perfiles, menos visibles en la disputa pública, podrían ganar terreno en las mesas de decisión.

La pregunta no es solamente quién será el próximo candidato o candidata a la gubernatura.

Es quién está moviendo las piezas, qué está negociando a cambio y quiénes podrían quedarse fuera cuando llegue el momento de revelar el verdadero acuerdo.

Porque la próxima sorpresa política de Oaxaca quizá no esté en el nombre que aparezca en la boleta, sino en quién decidió colocarlo ahí… y quién terminará pagando el precio de esa decisión.