- La propuesta contempla incorporar al menos el 3 por ciento de personas con discapacidad en centros de trabajo con 100 o más trabajadores, así como garantizar condiciones de igualdad en los procesos de contratación y permanencia laboral
San Raymundo Jalpan, Oax., a 26 de octubre de 2026.- Con el propósito de fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, se presentó en el Congreso del Estado una iniciativa para establecer cuotas mínimas de contratación y garantizar condiciones de accesibilidad universal en los centros de trabajo.
La propuesta del diputado Isaías Carranza Secundino, del Grupo Parlamentario de la Transformación Oaxaqueña, y la diputada Sandra Daniela Taurino Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, plantea reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad para promover el acceso al empleo digno, la independencia económica y la eliminación de barreras físicas, tecnológicas, comunicacionales y socioculturales que dificultan la incorporación y permanencia de este sector de la población en el ámbito laboral.
Entre las modificaciones al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad se propone que los centros de trabajo con una plantilla de 100 o más personas contraten, como mínimo, a personas con discapacidad en una proporción equivalente al 3 por ciento del total de sus puestos. Asimismo, para aquellos que cuenten con más de 50 y menos de 100 trabajadores, se plantea la contratación de al menos una persona con discapacidad.
La iniciativa también contempla que las personas empleadoras garanticen condiciones de igualdad y, cuando sea necesario, formatos accesibles durante los procesos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación e inducción. Además, propone que la Secretaría del Trabajo y las autoridades municipales vigilen el cumplimiento de estas disposiciones.
En la exposición de motivos, los promoventes señalaron que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022) y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las personas con discapacidad enfrentan dificultades para participar en el ámbito económico, situación que puede incrementar su vulnerabilidad y limitar sus oportunidades de desarrollo. En este sentido, la propuesta busca impulsar la corresponsabilidad de las empresas, las organizaciones sociales y las autoridades para avanzar hacia entornos laborales inclusivos.
La iniciativa con proyecto de decreto fue presentada durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura y turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Administración Pública y Atención a Grupos de Vulnerabilidad.
