- La modificación al Código Penal también pretende ampliar la agravante para los robos cometidos dentro de cualquier institución educativa o en sus inmediaciones
San Raymundo Jalpan, Oax., 13 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de eliminar barreras procesales y garantizar el acceso efectivo a la justicia, se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca que plantea establecer que el delito de robo cometido en contra de personas menores de 18 años se persiga de oficio, independientemente del lugar y medio de ejecución, así como de la relación existente entre la víctima y la persona probable responsable.
La propuesta contempla adicionar el artículo 366 Bis para establecer que, ante estos hechos, la autoridad investigadora deberá dar intervención inmediata a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Prodennao). Asimismo, precisa que cuando la persona probable responsable sea adolescente, se aplicarán las disposiciones de la legislación nacional en materia de justicia penal para adolescentes.
En cuanto a la reparación del daño, el proyecto establece que esta se determinará conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI del Código Penal, relativo a esta materia.
Adicionalmente, se propone reformar la fracción XII del artículo 369 para ampliar la agravante del delito de robo a los casos en que se cometa dentro de cualquier institución educativa o en sus inmediaciones, sin limitar esta disposición a los planteles públicos.
La propuesta legislativa, impulsada por la diputada Dulce Belén Uribe Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, busca fortalecer la protección jurídica de niñas, niños y adolescentes frente a este tipo de conductas y evitar que las circunstancias en las que ocurra el delito o el vínculo con la persona probable responsable representen obstáculos para su investigación.
El documento legislativo señala que el robo contra personas menores de edad puede generar afectaciones que trascienden la pérdida material, al repercutir en su seguridad, entorno familiar y desarrollo escolar. En ese sentido, expone la importancia de garantizar una atención institucional que considere las condiciones particulares de las víctimas y evite su revictimización.
La iniciativa fue presentada durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura y turnada a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación.
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