- La propuesta también contempla sancionar a quienes dolosamente proporcionen los medios para facilitar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias
San Raymundo Jalpan, Oax., a 09 de noviembre de 2026.- Con el propósito de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para incrementar las penas por incumplimiento de las obligaciones alimentarias cuando el deudor abandone el territorio nacional, traslade su residencia al extranjero o se sustraiga de la jurisdicción estatal para evadir su responsabilidad.
La propuesta plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 414 del Código Penal del Estado, a fin de aumentar en una mitad las penas previstas cuando se actualice alguno de estos supuestos. La misma sanción se aplicaría a quien dolosamente proporcione los medios para facilitar la evasión del cumplimiento de dicha obligación.
En la exposición de motivos se señala que esta medida busca atender los casos en los que personas obligadas a proporcionar alimentos recurren al cambio de residencia o al traslado a otra entidad federativa o al extranjero para eludir su responsabilidad, lo que afecta directamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su desarrollo.
Asimismo, el documento refiere que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen la obligación del Estado de garantizar el interés superior de la niñez. En este sentido, advierte que la falta de una pensión alimenticia repercute en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y limita sus posibilidades de acceder a una vida digna.
Las promoventes, las diputadas Eva Diego Cruz, Melina Hernández Sosa y Elvia Gabriela Pérez López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sostienen que la movilidad territorial no debe convertirse en un mecanismo para evadir la justicia ni en un obstáculo para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ello, consideran necesario establecer responsabilidades legales también para quienes faciliten dolosamente el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
El Proyecto de Decreto fue presentado durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura y turnado a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.
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