El Parlamento venezolano, dominado por la oposición, rechazará este viernes 22 de enero un decreto de emergencia económica del gobierno, profundizando un enfrentamiento político que, unido a la caída sin freno de los precios del petróleo, agrava la crisis sin solución a la vista.
La mayoría opositora anticipó que no aprobará las medidas dictadas el pasado viernes por el presidente socialista Nicolás Maduro, luego de que el jueves los ministros del área económica se negaran a ser interpelados en la Asamblea Nacional (AN).
«Es terminante, no aprobación» del decreto, dijo este viernes José Guerra, jefe de la comisión legislativa que estudió el texto, y recomendó al pleno votar en contra en la sesión que se desarrollará en la tarde.
Los ministros, el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, y el titular de la petrolera PDVSA, Eulogio del Pino, declinaron a última hora del jueves comparecer ante el parlamento, al rechazar la oposición su exigencia de que las interpelaciones se realizaran sin la presencia de medios de comunicación.
El vicepresidente del país, Aristóbulo Istúriz, denunció que se planeaba montar un «show mediático» y que la información requerida por la cámara era de carácter reservado del Estado y no podía ser ventilada públicamente.
Pero el presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, opinó que el gobierno no comparecía para no revelar cifras debido al estado dramático en que se encuentra el país.
«La explicación de la crisis (en el decreto) es muy deficiente porque habla de una guerra económica» como causa, comentó el diputado Guerra.
El pasado miércoles, el Tribunal Supremo de Jusiticia (TSJ) -según la oposición alineado con el chavismo- declaró la legalidad del decreto, vigente por 60 días, y subrayó la «necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción».
«No quiero ni pensar que si la Asamblea niega el decreto, lo apruebe el TSJ. No quiero llegar allí, sería el colmo. La decisión corresponde a la Asamblea Nacional», dijo Ramos Allup.
Cuesta abajo «con o sin decreto»
El TSJ emergió como el árbitro en la lucha de poderes que se abrió entre Ejecutivo y Legislativo, luego de que la oposición tomara el control de la Asamblea con una amplia mayoría, poniendo fin a 17 años de hegemonía chavista.
«El TSJ no puede revivir el decreto sin la AN, pero sí puede dar ‘legalidad’ a algunas acciones que el gobierno pedía», señaló este viernes en Twitter Luis Vicente León, de la firma Datanálisis.
León añadió que «con decreto o sin decreto, el país y su economía van cuesta abajo en la rodada…y sin freno».
Venezuela tuvo una inflación anualizada de 141,5% a septiembre de 2015, cifra oficial apenas conocida la semana pasada puesto que el gobierno no divulgó los principales indicadores económicos el año pasado.
La economía siguió hundida en una recesión que significó un retroceso de 4,5% en el PIB entre enero y septiembre de 2015 (oficial), y según estimaciones privadas con un déficit público de 20% del PIB para el año.
El panorama se vislumbra aún más complejo por la caída en picada de los precios del crudo. Esta semana la cesta venezolana bajó a 21.63 dólares por barril, ante lo cual Venezuela propone una reunión extraordinaria de la OPEP en febrero para enfrentar el desplome.
El país con las mayores reservas petroleras del mundo obtiene el 96% de sus divisas del oro negro, por lo que la caída de los ingresos ha provocado la acumulación de deudas comerciales por unos 12,000 millones de dólares y escasez de productos básicos, además de malestar social.
Según el gobierno, el decreto permitirá atender áreas como salud, educación, vivienda y alimentación, y promover acuerdos con el sector privado para reactivar la producción, mientras se transita desde un «modelo rentístico agotado» dependiente del petróleo, a uno productivo.
Pero la oposición, el principal gremio de industriales del país y algunos sindicatos lo rechazan por considerar que abre la puerta a nuevas expropiaciones, lo que «aleja la inversión», y establece un «corralito» sobre el devaluado bolívar.
La oposición opina que el gobierno debe revertir el férreo control de precios de productos altamente subsidiados y unificar los tres tipos de cambio de divisas, que conviven con un dólar paralelo 145 veces más alto que la menor tasa oficial, reservada a la importación de alimentos y medicinas.
