Los jefes de Estado y Gobierno de la UE han comenzado una cumbre de dos días en la que quieren alcanzar un acuerdo respetuoso con la ley comunitaria e internacional para devolver a Turquía refugiados e inmigrantes irregulares y aliviar así la presión migratoria a la que se enfrenta Europa.
Los Veintiocho intentarán cerrar hoy su postura para abordarla mañana con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, que participará en la reunión de los líderes.
El objetivo de esta cumbre es cerrar el preacuerdo que dejaron esbozado los países europeos en la cumbre el 7 de marzo y añadirle precisiones para garantizar que cumple plenamente con la legalidad.
Según un borrador del acuerdo que quieren concluir con Ankara, los inmigrantes irregulares que lleguen a Grecia desde Turquía serán registrados y cualquier solicitud de asilo procesado acorde al derecho europeo, y los que son devueltos serán protegidos acorde a los estándares internacionales.
El texto señala que «todos» los inmigrantes irregulares que crucen desde Turquía a las islas griegas serán «devueltos a Turquía», pero se aclara que se trata de una medida «temporal y extraordinaria».
«Tenemos que tomar una decisión para solucionar esta mala situación y encontrar la forma de darles hospitalidad», declaró el primer ministro griego, Alexis Tsipras.
Reclamó que se tomen decisiones que ayuden a Grecia a solucionar la situación en el campamento de refugiados de Idomeni, en la frontera con Macedonia, y solicitó acelerar los procesos de reasentamiento de los refugiados.
El primer ministro británico, David Cameron, dejó claro que considera una «buena idea» la devolución de los inmigrantes desde Grecia a Turquía y dijo que el objetivo principal del pacto es poner fin al negocio del tráfico de personas y «romper el vínculo entre subir a un barco y lograr un establecimiento en Europa».
Los mandatarios se mostraron esperanzados en alcanzar un acuerdo durante la reunión, aunque todos reconocieron las dificultades.
Nicos Anastasiades, presidente de Chipre -uno de los más reacios, sobre todo en cuanto a la apertura de nuevos capítulos en el proceso de adhesión de Turquía a la UE-, aseguró que «si Ankara cumple con sus obligaciones acorde con el protocolo de Ankara (sobre el reconocimiento del país por parte de Turquía) y el marco de negociaciones, no hay problema».
Para el presidente francés, François Hollande, es «esencial» que pueda producirse «el retorno de algunos inmigrantes que están aún en Grecia hasta Turquía».
Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, consideró que «hay posibilidades de alcanzar una posición común hoy», pero advirtió de que «habrá intensos intercambios» de opiniones y abogó por «encontrar el equilibrio entre los intereses de la UE y de Turquía».
El primer ministro holandés, Mark Rutte, cuyo país ejerce la presidencia de turno del Consejo de la UE, dijo que «no hay alternativa» al acuerdo ya que, «de otra manera, la situación en Grecia seguirá muy difícil y la crisis humanitaria empeorará».
Por su parte, el primer ministro belga, Charles Michel, opinó que Turquía «pide mucho» y que no aceptará «una negociación que parece un chantaje», y mencionó en particular la necesidad del respeto a la libertad de prensa y a los derechos humanos en Turquía.
Ankara ha solicitado a la UE una ayuda adicional de otros 3.000 millones de euros para atender a los refugiados y acelerar la liberalización de visados, entre otras condiciones para un acuerdo.
«Entiendo y apoyo parte de las críticas, porque es un paquete muy complicado, difícil de aplicar, y en el filo del derecho internacional», dijo la presidenta lituana, Dalia Grybauskaité.
La alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, matizó que hablar de refugiados no significa solamente hablar y trabajar con Turquía, porque hay otras muchas rutas y muchos otros países con los que tratar sobre este asunto.
Más potestades para los países que tramitan el asilo
El país de la Unión Europea que asume la tramitación del asilo de un solicitante de protección internacional puede enviar a esa persona a un país tercero seguro, según dictaminó el Tribunal de Justicia de la Unión.
El fallo de los jueces se refiere al caso de un ciudadano paquistaní que entró ilegalmente en Hungría procedente de Serbia en agosto de 2015 y presentó una primera solicitud de protección internacional, aunque después abandonó ese territorio. Las autoridades húngaras suspendieron la tramitación de esa solicitud, al considerar que había sido retirada.
Meses después, el ciudadano paquistaní fue arrestado en la República Checa cuando trataba de llegar a Austria. Las autoridades checas solicitaron a Hungría que readmitiese al interesado, a lo que ese país accedió, y el solicitante presentó una nueva solicitud de protección internacional en ese territorio.
Las autoridades húngaras declararon sin embargo inadmisible esa petición y decidieron que el ciudadano debía ser enviado a Serbia, por ser este un país tercero seguro.
El paquistaní interpuso recurso contra dicha resolución ante un tribunal de Hungría.
En su sentencia, los jueces señalan que el derecho a enviar a un solicitante de protección internacional a un país tercero seguro también puede ser ejercido por el país de la Unión que se ha reconocido responsable de tramitar esa petición sobre la base de la legislación aplicable (el Reglamento Dublín III).
Ello, precisa el Tribunal, en el marco del procedimiento de readmisión y del examen de la petición de un solicitante que ha abandonado dicho Estado miembro antes de que se haya adoptado una decisión de fondo sobre su primera solicitud de protección internacional.
El tribunal húngaro pidió a los jueces europeos si eso se podía hacer, pese a que las autoridades checas parecían no haber sido informadas de la normativa y de la práctica húngaras consistentes en trasladar a países terceros seguros a los solicitantes de protección internacional.
Al estar sometido el paquistaní a una medida de internamiento, este asunto se ha tramitado por el procedimiento de urgencia.
El tribunal de la UE declara que, en el contexto del procedimiento de readmisión de un solicitante de protección internacional, la legislación no obliga al Estado miembro responsable (Hungría) a informar al país miembro que procede al traslado (la República Checa) del contenido de su normativa nacional en materia de envío de solicitantes a países terceros seguros o de su práctica administrativa en la materia.
Asimismo, destaca que la falta de comunicación sobre estas cuestiones entre los dos Estados afectados no vulnera el derecho del solicitante a la tutela judicial efectiva frente a la decisión de traslado y frente a la resolución adoptada sobre la solicitud de protección internacional.
Por último, el Tribunal declara que el derecho del solicitante de asilo a obtener una decisión final, bien en el marco del procedimiento que fue suspendido, o bien en un nuevo procedimiento, no supone privar al Estado miembro responsable de la posibilidad de declarar inadmisible la solicitud, ni obligarle a reanudar el examen de ésta en una fase procedimental concreta.
