Los 7 elementos militares acusados por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, están libres.
Así lo revela un comunicado conjunto del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Amnistía Internacional, y otras organizaciones sociales, que señalaron que el caso “se encamina a quedar impune”.
“El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó. La sentencia a favor de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso”, indicaron las organizaciones.
“La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”, apuntaron.
En tanto, lamentaron las “omisiones de la Procuraduría General de la República” que, “como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos”, fragmentó la investigación “integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.
No obstante, recordaron que diversos procesos continúan abiertos: “en la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
