Inicio Estatal SCT realiza negocios poco transparentes, denuncian empresarios del ramo 

SCT realiza negocios poco transparentes, denuncian empresarios del ramo 

A cuatro meses de haber llegado a Oaxaca para estar al frente de la Secretaria de Comunicación y Transportes, Héctor Castañeda Molina hoy se dedica a realizar negocios que se perciben poco transparentes, denunciaron empresarios de ese ramo.
Los afectados sostuvieron que el ahora titular de la dependencia está permitiendo que se manipulen las licitaciones para obras y caminos millonarios, con el único fin de favorecer empresas familiares.

En este contexto sostuvieron que el pasado 5 de enero de 2017, la SCT emitió la licitación número LO-009000967-E85-2016 que incluía 9 obras en la Costa de Oaxaca, lo anterior por un monto de 48 millones 424 mil pesos, dictamen que favoreció a un consorcio de empresas ligadas al funcionario.

La empresa beneficiada fue ARACENA Construcciones S.A de C. V. que está a nombre de Jorge Aroche, quien es padre del actual subsecretario de Planeación y Programación de la Secretaría de las Infraestructuras (SINFRA), de nombre Alejandro Aroche Tarasco.

Para poder acceder a las obras, esta empresa tuvo que aliarse con Servicio de Terracerías, Asfaltos y Construcción S.A. de C.V. propiedad de Antonio Vargas, así como Estudios, Proyectos y Dibujos S.A, de C.V. de Víctor Palacios, todos afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Curiosamente en el mes de octubre de 2016, la SCT convocó a una licitación para la construcción de los caminos, y en ese momento Antonio Vargas, Jorge Aroche y Víctor Palacios, acusaron que había irregularidades en la designación de las obras, sin embargo una vez que usaron a la CMIC para alcanzar sus fines ya no dicen lo mismo, indicaron.

El representar a la CMIC les ha dejado grandes beneficios por ello pretenden apoderarse de la dirigencia de la Cámara a través de la anulación y reposición de la elección de la dirigencia de ese gremio.  

Por ello los empresarios afectados, exigen a las autoridades federales no anteponer sus intereses y aclarar la situación o forma mediante la cual se está realizando la asignación de obras que están siendo licitadas.