Oaxaca. Oax.- Con una protesta en las afueras del reclusorio de Santa María ixcotel, familiares y amigos del preso político Jaime Betanzos Fuentes de la comunidad de Eloxochitlan de Flores Magón, Oaxaca, piden su libertad inmediata.
En este sentido, señalaron que piden la liberación ya que han estado 4 años injustamente presos, él y otros ciudadanos de la misma comunidad.
La asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de flores Magón, piden la intervención de la fiscalía del estado de Oaxaca y del Tribunal Superior de Justicia en el caso de los presos políticos desplazados.
Comentaron que Herminio Avendaño, Jaime venta sus fuentes, Fernando Martínez, Alfredo Bolaños Pacheco, Omar un morales Álvarez, pizzerías Gallardo Álvarez Miguel Angel Peralta fueron propuestos por el Senado de la República para ser considerados dentro del programa direccional de amnistía luego de tres meses del estudio de sus casos.
Detallaron que sus nombres fueron publicados el 25 de diciembre de 2018 en los medios de mayor difusión, el octavo caso es Francisco Durán Ortiz cuyo caso fue presentado ante el secretario de gobernación con posterioridad.
Indicaron que los presos políticos, a las personas desplazadas y otros actualmente libres, forma parte de una lista de ciudadanos a criminalizar por la supuesta comisión de delitos graves en el marco de los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2014 en Eloxochitlán.
Mencionaron, que Manuel Cepeda Cortés y su hija Elisa Cepeda laguna en contubernio con agentes externos, aprovecharon los sucesos para facilitarlo y querer condiciones que les permitieran encarcelar perseguir a representantes comunitarios de activistas opuestos al sistema caciquil.
Así, se encabezó el gobierno municipal 2014 2016 hice desarticuló la organización comunitaria, de forma simultánea, se construye un cerco mediático desde el cual denostaría los presos políticos hasta el día de hoy.
Los familiares de los presos de Eloxochitlán enlistaron una serie de irregularidades cometidas en su momento por el Juzgado Mixto de Huautla.
Dijeron que los acuerdos y determinaciones donde se señalan las fechas para el desahogo de las diversas diligencias, se hace cada tres meses en promedio, lo que contraviene el debido proceso legal.
Agregaron que las autoridades ha sido incapaz de cumplir sus determinaciones ya que los supuestos testigos de cargo y ofendidos a pesar de ser notificados de manera personal, no acuden a la cita judicial sin que exista una consecuencia para dicho acto desacato.
Los exhortos, recursos ordinarios y demás despachos del expediente tardan demasiado en ser tramitados, sin que exista una causa legar que funde y motive el retraso.
