Ciudad de México.-El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que el gobierno federal buscará hacer una nueva identificación de los cuerpos de migrantes de Guatemala y Brasil que fueron entregados a sus familiares, por lo que solicitarán su exhumación.
Durante una reunión virtual con algunos de los familiares de los 72 migrantes que fueron asesinados en 2011 por un grupo delincuencial en San Fernando, Tamaulipas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que el gobierno federal buscará hacer una nueva identificación de los cuerpos de migrantes de Guatemala y Brasil que fueron entregados a sus familiares, por lo que solicitarán su exhumación.
Durante una reunión, a través de video conferencia, participaron víctimas y miembros de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, así como con representantes de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Gobierno y Fiscalía de Tamaulipas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
También representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, los Procuradores de Derechos Humanos de Guatemala y el Salvador, así como un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras. El propósito fue dar seguimiento de la recomendación 80/2013, relativa al caso San Fernando.
En la reunión, funcionarios y familias de víctimas llegaron a 11 acuerdos. El primero de ellos fue por parte del subsecretario Alejandro Encinas y del representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), César García Mondragón, quienes se comprometieron a promover la intervención de las autoridades de alto nivel (secretario de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, y el Fiscal General de la República), para gestionar con los gobiernos de Guatemala y Brasil los apoyos para la correcta identificación de los cadáveres que fueron entregados. Para ello, Encinas manifestó su interés en crear una unidad mixta de investigación.
El segundo acuerdo fue fortalecer el Mecanismo de Apoyo Exterior, aprobando los lineamientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para embajadas y consulados.
En el tercer acuerdo, el gobierno de Tamaulipas se comprometió a proporcionar las estadísticas estatales de incidentes respecto a migrantes, y también a ejecutar políticas públicas que garanticen la no repetición de la masacre de San Fernando.
El cuarto punto acordado fue fortalecer los acercamientos de la CNDH con sus homólogos de Brasil y Guatemala, a efecto del apoyo a las víctimas.
El quinto, generar reunión de trabajo con la FGR, Comisión Nacional de Búsqueda y el gobierno de Tamaulipas, a efecto de reactivar los trabajos de la Comisión Forense, sumando a la Comisión Nacional de Búsqueda y el gobierno de Tamaulipas, para el intercambio de información para seguir avanzando con la identificación de los cadáveres en los casos de las masacres de migrantes.
En el sexto punto, se acordó que el Equipo Argentino de Antropología Forense compartirá información con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación respecto a sus trabajos, para valorar el ejercicio que se ha realizado en Guatemala para la identificación de restos.
En séptimo lugar, que la Fiscalía General de la República, en compañía del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, generará una reunión de trabajo en la que se invitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a representantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, a efecto de analizar la solicitud de las víctimas para la creación de una unidad mixta de investigación en la Fiscalía General de la República.
El octavo acuerdo fue que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación realizará la convocatoria para llevar a cabo una reunión de trabajo el 26 de agosto 2020 a las 18:00 horas, en la que intervendrán representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y CNDH a efecto de tener claridad respecto a la forma de proporcionar a las víctimas medidas de atención urgente.
El noveno acuerdo fue crear, con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos y trabajadores sociales con las diversas instancias de gobierno y la representación de las víctimas, a efecto de determinar la metodología para un plan integral de atención y reparación, recuperando la experiencia del caso Cadereyta.
En el décimo punto, se buscará tener reuniones mensuales con las autoridades recomendadas, y autoridades que intervienen en las acciones tendientes al cumplimiento de los temas de reparación integral del daño, así como con las víctimas, para ver los avances en el cumplimiento.
Finalmente, la CNDH se comprometió a emitir un comunicado sobre estos acuerdos.
