- La Fiscalía General argumentó que revelar los datos del gasto en mantenimiento pone en riesgo a sus elementos y a sus familias.
La Fiscalía General de la República (FGR) reservó por cinco años la información sobre el gasto de almacenar y dar mantenimiento a 38 de sus aeronaves que no han logrado venderse desde 2019.
Lo justificó diciendo que revelar esos datos podría poner en peligro a personal de esa dependencia.
Estas aeronaves de FGR forman parte del ‘paquete’ de 72 vehículos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador consideró susceptibles de venta, señalando que no tenían “una clara vocación para el beneficio de la ciudadanía”.
También se incluyó a aquellas que estuvieran “abandonadas, que no estuvieran en servicio y que representarán un costo oneroso para el gobierno federal”, según explicó Banobras hace un par de años.
Hasta ahora dicha venta, como se documentó en esta nota, no ha fructificado, aunque el gobierno espera tener mejor suerte el próximo viernes, con una nueva subasta enfocada en 19 de las aeronaves.
En la solicitud vía transparencia, se preguntó a la Fiscalía General:
“Saber cuánto dinero público destina FGR al mantenimiento y resguardo de 38 de sus aeronaves que el gobierno federal consideró en 2019 susceptible de venta, pero que han continuado en instalaciones aéreas de la Fiscalía. Pido un desglose mensual de gasto y una bitácora donde también se reporte las horas de vuelo de dichas aeronaves desde abril de 2019 y hasta la fecha en que se presenta esta solicitud”.
En su respuesta, de 13 cuartillas, la Fiscalía General dijo que pedir datos sobre los vuelos en helicóptero “no produce ningún beneficio al interés público”.
Y aunque la solicitud se enfocó en el gasto de mantenimiento y almacenamiento de las aeronaves, sin pedir nombres de funcionarios, cargos, ni rutas aéreas ni horarios de vuelos o de dichas labores, la FGR consideró que ser transparentes con esos datos ponía en riesgo a servidores públicos de la Fiscalía.
“Se trata de información altamente sensible, cuya difusión representa revelar recursos, métodos y estrategias implementadas en la realización de despliegue del estado de fuerza institucional, se menoscaba la capacidad táctica y operativa del equipo aéreo y se pone en riesgo la vida de la tripulación, del personal sustantivo transportado, de sus parejas, cónyuges y familiares cercanos, todo lo cual resulta en detrimento de funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República”, señaló.
Además de a la FGR, se preguntó también a Presidencia y a la Sedena cuánto han gastado en mantenimiento y almacenamiento de sus aeronaves susceptibles de venta, y se está a la espera de respuesta.
El pasado 5 de marzo el gobierno de López Obrador reveló que, en el caso del avión presidencial TP-01, se han gastado en labores de mantenimiento unos 120 millones de pesos, en lo que va de esta administración.
“Pero el uso de ese avión para viajes nacionales o internacionales llega a ser dos veces más o tres veces más, o sea que hemos ahorrado en no usarlo y darle mantenimiento como 200 o 300 millones”, dijo el presidente.
