A través de una carta, académicos de instituciones como la UNAM, Ibero, UAM y Cinvestav pidieron a la FGR atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
Más de 600 catedráticos de diferentes institutos, facultades y sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Cinvestav, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se expresaron contra las acciones emprendidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Fiscalía General de la República (FGR), a la que le exigieron “atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia”.
En días recientes, se dio a conocer que tras una denuncia presentada por el Conacyt ante la FGR, se buscaba que se giraran órdenes de aprehensión contra 31 personas, entre investigadores, extrabajadores del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
Por la mañana, al ser cuestionado sobre si había denuncias contra investigadores del Conacyt, el titular del Ejecutivo respondió: “Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez. Y el que nada debe, nada teme”.
Hacia la tarde, se dio a conocer que un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la FGR dirar órdenes de aprehensión contra los 31 imputados.
A través de una carta que fue firmada por 614 catedráticos de diferentes institutos, facultades y sedes de la UNAM, se señaló que las 31 personas fueron acusadas de supuestos delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” yDelincuencia Organizada”.
“Su supuesto delito según la FGR, fue la entrega ordinaria de recursos que provenían del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte del Conacyt para el funcionamiento del Foro Consultivo, una organización reconocida en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente del 2002 al 2020. Se hace notar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerando la normatividad aplicable, ya había sentenciado el 17/8/2021 (MI/SS/D/9941/2021) que fue legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos al Foro Consultivo para su operación desde el 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt el 17 de febrero de 2020”, dijeron los académicos en su documento.
Frente a esa situación, los firmantes consideraron que las acusaciones son “injustas” e “inaceptables”, por ello,dijeron, “exigimos atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y el desistimiento de las solicitudes de órdenes de aprehensión sin fundamentos. Manifestamos nuestro rechazo a estas acciones de represión y convocamos a la comunidad académica a unirse a esta demanda solidaria”.
Entre los firmantes están Alejandro Frank, físico y miembro de El Colegio Nacional; el economista Alfredo Camhaji, Alma Maldonado, del Cinvestav; Felipe Neri López Veneroni, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Gloria Soberón Chávez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas; José Sarukhán, del Instituto de Ecología, y Judith Zubieta, del Instituto de Investigaciones Sociales.
También firmaron Julieta Fierro, del Instituto de Astronomía; Susana Quintanilla, del Cinvestav; Anne Johnson, de la Universidad Iberoamericana; Francisco F. Pedroche, de la UAM – Lerma; Gustavo Cantero Meza, UAM – Iztapalapa, y José Ignacio Ponce Sánchez, de la UAM – Xochimilco.
