De acuerdo con Alejandro Encinas, la Comisión Nacional de Búsqueda liderará las labores en la materia, mismas que se harán en “cualquier instalación civil o militar donde se presuma que pueda hallarse vestigios de personas desaparecidas”.
Este jueves se publicó el Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala que se crea la Comisión con carácter transitorio, como un grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990.
Esto, “a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención”.
De acuerdo con el subsecretario Alejandro Encinas, el decreto es “el resultado de un compromiso y de un acercamiento de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la llamada Guerra Sucia con el presidente y la Secretaría de Gobernación”.
Sobre las tareas de búsqueda, dijo que este será liderado por la CNB y se realizarán no solo en campo o archivos, panteones o fosas comunes, “sino también en sitios que hasta ahora han estado prácticamente censurados para cualquier tipo de investigación”.
“Esto implicará ir a cualquier instalación civil o militar donde se presuma que puedan hallarse vestigios de las personas desaparecidas”, abundó.
La Comisión estará integrada por el titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el titular del Archivo General de la Nación; el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), y cinco personas expertas “de reconocida calidad moral o prestigio profesional”.
Las cinco personas expertas serán propuestas conjuntamente por un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, un representante de las víctimas, sus familiares y las personas sobrevivientes, con la asesoría técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El mecanismo integrará un informe final de esclarecimiento histórico de los hechos, que será presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a las víctimas, familiares y sobrevivientes, así como a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o las que resulten competentes para sus efectos conducentes.
El Decreto entrará en vigor este 7 de octubre y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024. La instalación de la Comisión se llevará a cabo dentro de los 30 días hábiles siguientes a su entrada en vigor.
