Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar.
Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar.
Este martes, la SCJN discutió la legalidad de la ampliación del mandato y determinó que es inconstitucional.
En un comunicado, la Pleno de la SCJN informó que, declaró por unanimidad de votos, la inconstitucionalidad del artículo 13 transitorio del Decreto de reformas en materia de justicia federal que ampliaba el plazo de los cargos del presidente actual de la SCJN y de los consejeros de la Judicatura.
“La SCJN determinó que estos funcionarios deberán dejar los cargos correspondientes conforme al plazo originalmente determinado en el momento de su nombramiento”, expresa el documento.
Esta ampliación establecía que Arturo Zaldívar permanecería en la presidencia de la Corte hasta 2024, año que coincide con la conclusión del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Los ministros que votaron en contra fueron Luis María Aguilar, Norma Piña y Alberto Pérez Dayan. Éste último calificó de “desaseado”. “impropio” y “desordenado” el proceso legislativo que llevó a la aprobación del artículo impugnado.
La ministra Norma Piña dijo que existen distintas violaciones al proceso legislativo que son suficientes para invalidar el decreto porque trascendieron a la calidad democrática de deliberación.
Recordó que en el Senado no se publicó el acuerdo con tiempo de antelación y en la Cámara de Diputados se conoció la inclusión del artículo Décimo Tercero transitorio solo cuatro minutos antes de ser sometido a votación.
En tanto, el ministro Luis María Aguilar, estimó que la forma en que se llevó a cabo la deliberación impidió que los diputados estudiaran el contenido de ese punto de la reforma judicial.
“No se respetaron los tiempos del proceso legislativo, hubo vicios en el proceso legislativo… La incorporación de modificaciones de último momento vedo cualquier forma de deliberación democrática por no sujetarse a las reglas e impidió su discusión como requisito indispensable del proceso legislativo”, dijo.
Al analizar la constitucionalidad del artículo impugnado hubo unanimidad de votos, aunque en esta ocasión, contrario a la tradición de las sesiones, no intervinieron todos los ministros para sustentar su voto.
Quienes sí tomaron la palabra fueron los ministros Alberto Pérez Dayan, Luis María Aguilar, Norma Piña Hernández y Jorge Mario Pardo.
Todos coincidieron en que la aprobación del citado artículo es “sumamente delicado” para la salud y vigencia de la democracia constitucional, que viola la División de Poderes y la Independencia Judicial.
Y es que señalaron que se trata de un intento de modificar unilateralmente, por uno de los Poderes de la Unión, el periodo de encargo de un ministro de la SCJN y los consejeros de la Judicatura Federal.
“(La reforma) reta al texto constitucional directamente variando el sentido y alcance de normas previstas en la ley Suprema”, dijo el ministro Mario Pardo.
La ministra Norma Piña dijo que esta reforma pone en entredicho la independencia judicial pues desata suspicacias entre los justiciables y dijo que la misión de los tribunales constitucionales no es complacer a las mayorías políticas en turno, sino hacer valer la constitución.
Advirtió que esa es la “carta de navegación” que nos hemos dado los mexicanos para “llevar a buen puerto” esencialmente cuando ello resulta necesario.
Mientras que el ministro Luis María Aguilar, recordó la trascendencia de la reforma judicial y dijo que no se puede permitir dar inicio a esta nueva etapa tolerando reglas que transgreden los principios fundamentales del Estado mexicano.
Dijo que no respetar la Constitución acarrea el rompimiento del orden jurídico nacional y que esto suceda es gravísimo. Dijo que todos, incluido los legisladores, deben sujetarse al texto constitucional sin pretexto.
“Nada de que es importante hacerlo de otro modo, nada de que es conveniente eludir la constitución, nada de que eso ayuda a cierta intención política, y menos que es conveniente para la República. Solo respetando la constitucional habrá orden y certeza jurídica”.
