Integrantes de la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso de la Ciudad de México han propuesto al menos tres iniciativas, durante este mes, en favor de tipificar como delitos acciones como el envenenamiento de mascotas, el robo y secuestro de estas, así como la creación de una Fiscalía Especial para atender las denuncias por maltrato animal.
Al menos tres iniciativas en favor del bienestar de los animales de compañía se presentaron durante el presente mes en el Congreso de la Ciudad de México: la creación de una Fiscalía Especial de Protección Animal, y otras dos propuestas giran en torno a sanciones con cárcel para las personas que roben y envenenen mascotas, respectivamente.
El 1 de marzo, el Diputado Diego Orlando Garrido López presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para crear una Fiscalía Especial de Protección Animal, con el propósito “de perseguir e investigar delitos cometidos en contra de animales, de acuerdo a los delitos previstos en el Código Penal” en la capital mexicana.
Asimismo, señaló que pese a que México cuenta con una “legislación encaminada a la protección de los animales (…) en las evaluaciones en dicho ramo los resultados no han sido favorables”, por lo que la intención de la propuesta “es crear una Fiscalía especializada en delitos contra animales, siguiendo los principios legislados en la Constitución Política de la Ciudad de México en la que se promueve la protección a los animales declarándolos como seres sintientes”.
“El problema por el cual los delitos, a pesar de estar legislados, no son perseguidos en nuestra ciudad es porque en nuestra normatividad no existe el órgano especializado encargado de exclusivamente la persecución de este tipo de delitos”, argumentó el legislador, quien refirió que en 2018, en la capital mexicana la Brigada de Vigilancia Animal “atendió mil 700 denuncias de maltrato animal”, por lo que “es necesario contar con una Fiscalía especializada en esta materia que se dedique de forma exclusiva a la resolución específica de las denuncias presentadas por maltrato animal”, añadió.
En entrevista para SinEmbargo, el Diputado Garrido López explicó que su propuesta surgió de la “petición de organizaciones no gubernamentales y asociaciones pro-animal”, las cuales dotaron de cifras sobre maltrato animal. Además, “el propio Inegi dice que siete de cada 10 animales resultan maltratados en México. También las propias organizaciones no dicen que más de 60 mil animales al año han sufrido maltrato”. .
“Como vemos las cifras no son bajas y en el contexto de que nuestra constitución los considera seres sintientes tenemos que generar una Fiscalía para que atienda concretamente los delitos que se cometan en contra de los animales”, enfatizó sobre su propuesta el legislador por el Partido Acción Nacional (PAN), la cual “fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, en conjunto a la de Bienestar Animal, para que sea dictaminada”, lo que espera, dijo, sea en este mismo periodo.
Por su parte, la legisladora capitalina por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tania Larios Pérez, propuso el martes 15 de marzo que se tipifique el delito de secuestro y robo de animales, con sanciones que van de cuatro a 10 años de prisión para quienes roben o secuestren a animales de compañía. “Presenté esta iniciativa de Ley, que propone tipificar el secuestro y el robo de animales [en la Ciudad de México]”, dijo la legisladora capitalina en entrevista para SinEmbargo.
En su iniciativa, Larios Pérez indicó que actualmente en el Código Penal que aborda los “Delitos contra el Ambiente, la Gestión Ambiental y la Protección a la Fauna”, sólo se contemplan los “delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos”, pero no toma en cuenta conductas que dañan no sólo a los animales, “sino también a los dueños de estos, con lo que se afecta “su esfera patrimonial tanto de manera directa, por el valor del animal no humano, como de manera indirecta”.
Esto, porque durante el “robo o secuestro de un animal de compañía, el dueño sufre una afectación tanto patrimonial como emocional importante”, situación que la regulación actual no contempla, lo que facilita la comisión de estas conductas. Por ello, la Diputada capitalina enfatizó sobre la necesidad de “dotar e instrumentar jurídicamente un marco para evitar que se siga aprovechando ese vacío en la ley, y quede impune una práctica delictiva que cada día recobra más empuje”.
Revisé el marco jurídico actual y me di cuenta que no existía un delito tipificado para estos casos [de robo y secuestro de mascotas]”, señaló durante la entrevista la legisladora, quien detalló que su propuesta “ya pasó a las comisiones de Procuración de Justicia y de Bienestar Animal”, en donde sesionarán para emitir un dictamen.
CASTIGO AL MALTRATO ANIMAL
De acuerdo con EL texto publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del 14 de agosto de 2019, el maltrato animal se define “como un comportamiento irracional de una persona hacia un animal con el objetivo de causarle sufrimiento, estrés o, incluso, puede llevarlo a la muerte”. Además, el maltrato o crueldad animal se extiende más allÁ “de solo la provocación de algún tipo de daño”.
Por ello, acciones como el abandono, el no tenerlos en buenas condiciones de salud, no brindarles espacios para su recreación, privarlos de alimentación también son consideradas maltrato y se convierten en focos rojos por el peligro que representa para la seguridad animal.
El pasado 11 de noviembre, por primera vez, un sujeto fue condenado a dos años y un mes de prisión, así como a pagar una multa de 76 mil pesos luego de que se le encontró culpable del delito de maltrato animal en contra de 27 perros, 14 machos y 13 hembras, a los que mantenía en condiciones de hacinamiento y suciedad al interior de un inmueble en la calle Bellini, colonia Peralvillo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.
“Las autoridades encontraron a los caninos en condiciones de hacinamiento severo ya que eran utilizados para reproducción y venta de crías, presentaban condición corporal baja, así como problemas parasitarios en la piel, pulgas, escoriaciones y alopecias provocadas por vivir entre orines, heces y acumulación de basura”, detalló la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) a través de un comunicado.
“Sin duda, este caso representa un gran logro en materia de bienestar animal y en la PAOT estamos muy satisfechos que se vaya avanzando con paso firme. La sentencia y multa dictada a esta persona sienta un precedente importante y es un llamado de alerta para que se sigan denunciando casos similares y también para dejar en claro que no vamos a permitir que la crianza clandestina de animales de compañía siga siendo un negocio que se realiza a costa de su sufrimiento”, señaló Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Ambiental.
La Ley de Protección a los Animales de la capital mexicana establece que el maltrato animal se castigará con penas que van de los seis meses a los dos años de cárcel. Además, quien resulte culpable de maltratar a un animal de compañía también se hará acreedor a una multa de entre 50 y 150 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y aunque ests hechos se pueden denunciar ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), en la Ciudad de México, el Diputado Garrido López considera necesaria la creación de una Fiscalía Especializada.
Lo anterior, debido a que existe una saturación en la investigación de delitos de maltrato animal, lo cual “es evidente para las fiscalías generales, es por eso que debido al aumento de las denuncias en esta materia necesita la creación de una Fiscalía especializada” en atender el delito de maltrato animal, que “actuará para representar los intereses del Estado que en este tema está dedicado a la protección de los seres sintientes contra la violencia que ha sido un tema frecuente dentro de nuestra sociedad”, reiteró en su propuesta.
“Es necesario que la Fiscalía Especializada en Investigar Delitos Contra Animales cuente con sus propias instalaciones, equipo y personal capacitado para atender los casos que se presentan, investigarlos y llevar el procedimiento necesario para combatir los delitos contra los animales”, se detalló en la propuesta.
En entrevista con SinEmbargo, el legislador aseguró que esta Fiscalía “tendría que investigar todos los casos que sean puestos en su consideración, no sólo los denunciados por los tutores de los animales, sino por cualquier persona” con el fin de “salvaguardar la vida y la integridad de los animales”, incluidos los que se encuentran en situación de calle.
En este sentido, la legisladora priista sostuvo que si una persona es testigo de un delito contra una animal de compañía “tiene que acudir a denunciar”, ya que, enfatizó, “necesitamos que las personas se comprometan y denuncien firmemente” este los distintos tipos de maltrato contra los animales de compañía.
“Lo que necesitamos para que haya investigaciones y para que se persiga la justicia, es que se denuncie y se alce la voz de los casos en los que nosotros seamos testigos que se comete un delito, cualquier delito, al final todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad primordial, en la búsqueda de la justicia y de la cero impunidad, a quienes cometan un delito, es un compromiso personal”, finalizó.
Pese a estos avances que se están generando en el congreso capitalino, este miércoles 16 de marzo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una fracción del artículo 10 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, adicionado mediante Decreto 495, norma que permitía a las autoridades locales ingresar sin una orden judicial a los domicilios en donde se presentara un caso de maltrato animal.
La norma, publicada el 16 de diciembre de 2020, fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo el argumento de que dicho precepto vulneraba el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que sólo el Código Nacional de Procedimientos Penales puede determinar las normativas que se llevarán a cabo durante la investigación, el proceso y la sanción de los delitos.
El decreto ,invalidado por la SCJN, era el que regulaba el actuar de la brigada de vigilancia animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que podía entrar a un lugar cerrado, sin alguna orden judicial, en caso de existir flagrancia durante un hecho de maltrato animal. Por su parte, la SSC tenía la obligación de integrar, equipar y poner en operación brigadas de vigilancia animal, con el fin de proteger y rescatar animales en situación de riesgo, y, si así se justificaba, ingresar a un lugar cerrado sin orden judicial.
