Las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) se han manifestado este viernes en contra de un proyecto de ley mexicano que supuestamente prohibiría que las organizaciones civiles puedan recibir donativos del extranjero, así como que intervengan de manera indirecta para influir en la aprobación de leyes en el país.
MADRID, 12 (EUROPA PRESS).- Las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) se han manifestado este viernes en contra de un proyecto de ley mexicano que supuestamente prohibiría que las organizaciones civiles puedan recibir donativos del extranjero, así como que intervengan de manera indirecta para influir en la aprobación de leyes en el país.
Así lo han explicado ambas ONGs en un comunicado en el que se han opuesto a la iniciativa que hace dos semanas presentó la diputada de Morena –el partido al que pertenece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador–, Reyna Celeste Ascencio, que supuestamente evitaría que las ONGs «participen en debates sobre políticas públicas».
«Esta propuesta podría evitar de manera efectiva que los defensores de los derechos humanos mexicanos participen en debates sobre políticas públicas, impugnen leyes abusivas en los tribunales o discutan cómo mejorar la protección de los derechos con los legisladores», ha asegurado Tamara Taraciuk Broner, directora interina para Latinoamérica de HRW.
Taraciuk ha explicado que «este» es «el tipo de intento de expandir el poder Ejecutivo a expensas de las libertades fundamentales», que tal y como sostiene la activista, ocurre en otros países como Rusia, Nicaragua o El Salvador.
«Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los Derechos Humanos que denuncian leyes y prácticas gubernamentales injustas, desafían a los que están en el poder y exigen justicia son cada vez más objeto de ataques en toda la región», ha sostenido Erika Guevara-Rosas, directora en Latinoamérica de AI.
«El proyecto de ley refleja la tendencia política más amplia en la que las narrativas tóxicas demonizan a las ONGs con la intención de silenciar las opiniones críticas e inhibir la capacidad de los defensores de los derechos humanos para examinar las instituciones estatales», ha detallado Guevara-Rosas.
HRW y AI han atacado directamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de que «ataca regularmente» a los grupos defensores de los Derechos Humanos. «A menudo señala (el presidente mexicano) públicamente a personas y organizaciones específicas en sus conferencias de prensa matutinas, acusándolas sin fundamento de ser parte de un complot de la oposición para derrocar a su Gobierno», esgrime el comunicado.
Asimismo, las ONGs han subrayado las palabras de López Obrador, que habría dicho que las «agencias de ayuda deberían dejar de financiar» a los grupos de la sociedad civil mexicana «por respeto al no intervencionismo».
Según explican ambas organizaciones, la Declaración de Naciones Unidas sobre los defensores de los Derechos Humanos reconoce que los defensores «tienen derecho a proponer cambios legales y de políticas», así como «a proporcionar representación legal en defensa de los Derechos Humanos» y a «presentar denuncias formales» ante organismos gubernamentales para que se revisen.
La introducción del nuevo proyecto de ley reconoce que grupos de la sociedad civil han impedido o bloqueado algunas propuestas gubernamentales y acusa a quienes lo han hecho de «conspiración golpista», «intervencionismo» y «violación» de la soberanía nacional, según ha informado ‘El Universal’.
