En Opinión: “Tras ejecución de Adalberto, ahora, van por Carlos Guzmán” por Alfredo Martínez de Aguilar @efektoaguila
* Tras la probable ejecución del expresidente de la (CANACINTRA), Adalberto Castillo González, la mafia de la Sosa Nostra, seguramente por consigna, ataca al empresario de la envasadora Gugar, Carlos Guzmán Gardeazabal, actual presidente de la CANACINTRA.
* ¿De qué se trata? ¿Qué pasó para probablemente ejecutar y atacar a los empresarios ex y dirigentes de la CANACINTRA? ¿Por qué se rompió el Pacto de respeto del crimen organizado y de los políticos delincuentes?
(En homenaje a la memoria de don Jesús Guzmán Aguirre, fundador de la empresa Gugar, a quien admiramos y respetamos por su ejemplo de trabajo; y en apoyo y solidaridad a nuestro amigo-hermano Carlos Guzmán Gardeazabal y a sus hermanos porque somos víctimas de la invasión y despojo de un predio)
La Quinta Ley de Murphy del libro homónimo de Arthur Bloch sentencia lapidariamente: “Por sí mismas, las cosas tienden a ir de mal en peor”. En Oaxaca, el estado de cosas va mal, pero cada día irán peor.
Prueba de ello, la probable ejecución del empresario de productos automotrices y expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Adalberto Castillo González.
Y, ahora, la mafia de la Sosa Nostra, seguramente por consigna, endereza su embestida contra el empresario envasadora de agua y refrescos, Carlos Guzmán Gardeazabal, actual presidente de la CANACINTRA.
Curiosa y extraña coincidencia en los ataques contra empresarios ex y dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Oaxaca. En política no hay casualidades, sino causalidades.
Para nadie es desconocido, porque es pública y notoria la cercana relación de amistad y política con los gobernadores del probable ejecutado empresario Adalberto Castillo González y de Carlos Guzmán Gardeazabal.
Tampoco el pueblo bueno y sabio ignora que los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, dirigentes de Comuna, tienen dueño, pues basta ver el fierro que traen en las ancas, y nunca actúan de motu proprio, sino por consigna.
¿De qué se trata, entonces? ¿Qué pasó para ejecutar y atacar a los empresarios ex y dirigentes de la CANACINTRA? ¿Por qué se rompió el Pacto de respeto del crimen organizado y de los políticos delincuentes?
Acaso el móvil de la probable ejecución de Adalberto fue la falta de pago del derecho de piso y protección o por una traición, o bien, de extorsionar y presionar a la familia Guzmán Gardeazabal para obligarla a vender Gugar.
Este último escenario es muy grave al ser una nueva etapa de la invasión de tierras y casas por los funcionarios del Cartel del Despojo. Una vez más confiamos que el Gobernador Alejandro Murat nos apoyará en la invasión de nuestro predio.
La empresa surgió en 1982 con el refresco “Friko”. En 1992 empezó a vender agua purificada y en los siguientes años sacó al mercado diferentes presentaciones de refrescos, algunos enfocados al mercado infantil.
El diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional, Horacio Sosa Villavicencio, manipuló a la asamblea general comunitaria de San Bartolo Coyotepec para acordar expulsar a la empresa Gugar de esa localidad.
El manido pretexto del legislador local de Morena es la supuesta sobreexplotación del agua de la comunidad por esa próspera empresa oaxaqueña para producir refrescos y agua embotellada durante 20 años.
El pasado mes de marzo, durante la manifestación de pobladores de San Bartolo Coyotepec en las instalaciones de la envasadora de agua y refrescos, Gugar demandaron a través de carteles: “Fuera Gugar de San Bartolo Coyotepec”.
“En próximos días la asamblea iniciará acciones para lograr que Gugar se vaya de nuestra comunidad”, amenazó, a través de sus redes sociales, el diputado local de Morena, Horacio Sosa Villavicencio.
Recientemente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la disposición del estado que prohíbe las botellas desechables de PET y los envases desechables de unicel.
Demandamos que la ley prevalezca en el caso Gugar, así como fue desechada la prohibición del PET y el unicel por el máximo tribunal de México, propuesta del diputado local de Morena, Horacio Sosa Villavicencio y aprobada por el Congreso del Estado en 2019.
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