La resolución del INE que ordenó retirar publicaciones de diputados priistas abrió un nuevo frente de discusión en la Cámara de Diputados: definir hasta dónde alcanza la libertad de expresión y la inmunidad parlamentaria cuando los legisladores utilizan sus cuentas oficiales.
El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho, consideró necesario revisar a fondo el alcance de estas garantías y planteó la posibilidad de llevar el tema a una discusión formal en San Lázaro.
El legislador sostuvo que las plataformas digitales también forman parte del espacio público en el que los diputados ejercen su función, por lo que, desde su perspectiva, las expresiones realizadas desde cuentas oficiales y relacionadas con su actividad legislativa deben analizarse bajo ese contexto.
La discusión surgió después de que el Instituto Nacional Electoral determinara que diputados del PRI, entre ellos Rubén Moreira, Emilio Suárez Licona, Marco Antonio Mendoza y Carolina Viggiano, debían retirar publicaciones que habían compartido a partir de un mensaje difundido por el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno.
El coordinador priista en San Lázaro anunció que recurrirán la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar que la determinación afecta la libertad de expresión y el ejercicio de la función parlamentaria.
Los mensajes deberán ser retirados a partir de las 09:00 horas de este miércoles 23 de septiembre, una vez que los legisladores fueron notificados.
Más allá de la disputa entre el INE y los legisladores del PRI, el caso coloca nuevamente en el centro del debate la inmunidad parlamentaria y la inviolabilidad de las opiniones de quienes integran el Congreso.
Bolaños-Cacho señaló que antes de descalificar la actuación del órgano electoral debe revisarse cuál es el fundamento y alcance de la inmunidad procesal, así como las condiciones bajo las cuales puede aplicarse en el entorno digital.
El PRI, por su parte, sostiene que la resolución constituye una restricción a la deliberación pública y advirtió que llevará el caso a instancias internacionales si los recursos nacionales no prosperan.
El debate podría extenderse más allá del caso particular y abrir una discusión legislativa sobre las reglas que deben aplicarse a las expresiones de diputados y senadores en redes sociales, especialmente cuando sus publicaciones están vinculadas directamente con su actividad parlamentaria.
