Gustavo Rodríguez, quien trabajó para Robles desde 2014, es defendido por el despacho Lex Soluciones que se ubica en el mismo edificio registrado por tres empresas fantasma que habrían recibido más de 105 mdp de los recursos desviados por Sedesol.
Uno de los despachos de los abogados defensores de Gustavo Rodríguez, exvocero de Rosario Robles durante su paso por Sedesol y sancionado por autorizar un pago indebido de 175 mdp, tiene el mismo domicilio de tres empresas fantasma beneficiadas por el presunto desvío de recursos hecho por dicha dependencia.
De acuerdo con el diario Reforma, el despacho Lex Soluciones 52 S.C., contratado por Gustavo Rodríguez para enfrentar la investigación que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol inició en su contra en 2017, se ubica en Río Mississippi 52, colonia Cuauhtémoc.
Esta dirección es la misma de 3 empresas fantasma (Sttudio Originale Capicci México; Publicidad y Servicios Monster Ball, y Comercial Merchandise) que habrían recibido, en 2014, 105 de los 175 millones de pesos que la Sedesol pagó a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), para el pago de supuestos servicios.
Una vez que RTH recibió los recursos de la Sedesol, repartió 105 mdp entre las tres empresas fantasma mencionadas.
Según Reforma las tres empresas ficticias “registraron como su domicilio legal el de Río Mississippi número 52, Piso 3, despacho 106, en la Colonia Cuauhtémoc”.
La única diferencia con la dirección de Lex Soluciones 52 S.C., es que su oficina se ubica en el despacho 107, aunque uno de los abogados de la firma, de nombre Francisco Samuel Colín Espinosa, indica que su oficina está en el despacho 106. Es decir, el mismo que ocupaban las empresas fantasma.
Otro de los bufetes de abogados que defienden a Gustavo Rodríguez está dirigido por Julio Hernández Barros, esposo de América Alejandra Nava Trujillo, extitular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol.
De 2013 a 2016, Gustavo Rodríguez fue subdirector de Asistencia Jurídica en los Centros Asistenciales del DIF nacional, además se desempeñó como vocero de Rosario Robles durante su estancia en Sedesol y posteriormente en Sedatu, cuyo cargo dejó para enfrentar la acusación de la Secretaría de la Función Pública.
La Sedesol y la Sedatu se encuentran entres las 11 dependencias federales que entre 2012 y 2014 habrían desviado más de 4 mil 600 millones de pesos, a través de ocho universidades públicas para 146 empresas fantasma. El sistema de malversación de recursos está documentado en la investigación La Estafa Maestra.
En el caso de la Sedesol y Sedatu, hasta hace dos semanas, suman 19 empresas boletinadas como fantasma, que fueron subcontratadas por 825 millones de pesos para darle supuestos servicios de comunicación social.
Con información de Reforma (suscripción necesaria).
