Amigos y estimados lectores, esta columna es con la finalidad de dar a conocer acontecimientos importantes de Oaxaca, México y el Mundo, decidimos iniciar en una fecha importante para conmemorar el día de la libertad de expresión en México.
El 7 de junio de cada año, nos brinda la oportunidad de hacer una evaluación del derecho fundamental de la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución y en los Instrumentos Internacionales incorporados al orden jurídico.
Un derecho propio a todas las personas es necesario para construir sociedades democráticas. En México hemos tenido un recorrido histórico en cuanto a la libertad de expresión, desde Benito Juárez donde se legisla para expresarnos libremente, hasta las restricciones de la época del Porfiriato, para pasar al establecimiento de esta fecha como la oficial para conmemorarla, por el Presidente Miguel Alemán en 1951.
Actualmente nuestro país enfrenta una grave crisis de violencia contra periodistas y está posicionado mundialmente como el segundo lugar en causas de muerte por ejercer la libertad de expresión, según la Organización de las Naciones Unidas.
Paradójicamente este día es una ocasión propicia para rendir homenaje a las y los periodistas o comunicadores que han perdido la vida en razón de su profesión, y para aquellos que reciben malos tratos o son perseguidos por la función que realizan.
El desarrollo del 2022 se ha mostrado como un año fatídico para el gremio del periodismo en México. Después de cinco meses y siete días, en el país han ocurrido 11 casos de periodistas asesinados. Los más recientes ocurridos en Veracruz con las muertes de Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, directora y reportera, respectivamente, en el portal El Veraz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que, en materia de agresiones contra la prensa, es responsabilidad del Estado prevenir, proteger, y procurar justicia. Respecto a la prevención indica que la seguridad de periodistas no debe limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos.
Por el contrario, se necesitan acciones de prevención dirigidas a atacar algunas de las causas profundas de la violencia contra periodistas y de la impunidad.
Organizaciones de sociedad civil han reiterado públicamente las limitaciones de las actuales políticas reactivas.
La protección de la prensa debe darse a través de una Política Pública Integral la cual debe reconocer la interrelación e interdependencia de las obligaciones que tiene el Estado para posibilitar que el periodismo y el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información se ejerza de forma libre y segura para todas y todos.
En ese sentido, el Estado mexicano debe así no sólo trabajar en prevención, sino en la coordinación entre las distintas entidades federativas y niveles de gobierno con el fin de generar medidas de protección, así como combatir la impunidad investigando diligentemente los ataques contra la prensa y los asesinatos del gremio periodístico. O ¿Usted que opina?
