Para ser juzgados por delitos contra civiles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha puesto a disposición de autoridades federales a mil 273 militares.
El Ejército también confirmó que existen 558 casos canalizados a la PGR por acusaciones de tortura, desaparición forzada y homicidio, registrados de 2006 a 2015.
En entrevista para Milenio diario, el general de brigada Jesús Gabriel López Benítez, procurador general de Justicia Militar, dijo que la aplicación de la ley contra los elementos del Ejército que delinquen no deja margen a la impunidad, porque se les enjuicia en los fueros federal y de guerra.
Confirmó que, desde abril de 2012, la justicia militar ha enviado a la PGR 229 casos por actos de tortura cometidos entre 2007 y 2015 por personal del Ejército.
Además, hay 257 expedientes por homicidio, de los que tuvo conocimiento en el mismo periodo y 72 por desaparición forzada, que fueron denunciados de 2006 a junio de 2014.
Una reforma al Código de Justicia Militar, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Rosendo Radilla, obliga a las autoridades militares a que todos los casos de delitos contra civiles salgan de su jurisdicción.
López Benítez explicó que alrededor de mil 700 averiguaciones previas y 274 expedientes que estaban en el fuero de guerra se enviaron al Ministerio Público de la Federación para que se haga cargo de la investigación y de la posible consignación de los implicados.
Afirmó que la Procuraduría General de Justicia Militar ha “cumplimentado” 310 órdenes de aprehensión emitidas por juzgados federales contra miembros de las fuerzas armadas acusados de perpetrar delitos contra civiles.
El general sostuvo que en el fuero militar existe una efectividad de 95 por ciento en el procesamiento de los trasgresores de las normas castrenses y la mayoría de los casos también han tenido una sanción.
Durante la presente administración, se han realizado 219 consejos de guerra que derivaron en 177 sentencias condenatorias.
La desobediencia es uno de los delitos de mayor incidencia, como es el caso de los dos militares implicados en la tortura de Elvira Santibáñez, la mujer que aparece en un video grabado el 4 de febrero de 2015 cuando es interrogada de forma violenta e ilegal.
Sobre esos hechos de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, el procurador aseguró que este tipo de conducta será castigada en el fuero de guerra, además de que la PGR consignará al capitán y a la soldado ante un juzgado federal.
Del caso Tlatlaya, sostuvo que es falso señalar (como lo hizo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez) que este asunto va camino a la impunidad, porque hay tres soldados que enfrentan proceso por homicidio y otros delitos, además de que está en apelación la libertad que se les otorgó a otros en el ámbito militar.
Con información de Milenio
