La Fiscalía General de la República (FGR) perdió de forma definitiva más de 63 mil averiguaciones previas y carpetas abiertas por múltiples delitos, luego de que dejó pasar el tiempo sin realizar al menos un acto de investigación que permitiera que los delitos no prescribieran. Son casos que, en definitiva, han quedado impunes.
Así lo revela el Informe Anual de Actividades que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero envió al Congreso, en el que además aprovechó para reclamar un recorte presupuestal “inexplicable” a la fiscalía para 2020, e insistir en la necesidad de reformar el sistema de justicia penal actual que consideró como “ineficiente, complejo y corrupto”.
En el documento Gertz detalla que en la revisión de aproximadamente 300 mil averiguaciones y carpetas rezagadas que heredó la PGR a la FGR, se detectaron 63 mil 60 asuntos en donde ya se encuentra prescrito el periodo para proceder penalmente en contra de alguien.
El periodo de prescripción es el lapso que tiene la autoridad para proceder en contra de una persona por su probable responsabilidad en algún delito y su duración depende de cada ilícito. Se calcula sumando la pena máxima y la mínima que alcanza ese ilícito y dividiéndolo entre dos.
El artículo 110 del Código Penal Federal establece que dicho periodo se ve interrumpido cuando se realiza un acto de investigación al menos, y comienza a correr después de que se concluye dicho acto.
Esto significa que los casos reportados por la FGR son averiguaciones en donde no se realizó acto alguno de investigación. Ello se debe, como reconoce el fiscal, a que fueron casos enviados al archivo sin ser cerrados, pero tampoco resueltos. Por ley, ya no es posible proceder contra alguien en esos casos.
El informe detalla que existen otras 66 mil 107 averiguaciones y carpetas que han sido colocadas con una denominación de “pasivo”, ya que momentáneamente no existen pistas o indicios que puedan seguirse o porque no se ha podido localizar a los probables responsables, pero que tampoco pueden ser cerrados.
Por otro lado, el documento señala que se logró dar un cierre o determinación a 97 mil 723 asuntos, aunque no reveló qué tipo de determinación se tomó en torno a ellos.
Reacomodo de cargas y mejor eficacia
El fiscal General explica que una de las acciones que se priorizó en su primer año de gestión fue el distribuir de mejor forma las cargas de trabajo excesivas e injustificadas heredadas por la PGR.
De esta forma se logró, por ejemplo, que un policía federal ministerial que antes tenía hasta 11 mil mandamientos y encargos pendientes ahora tenga en promedio 800, que es un número significativo pero mucho menor.
custodia y no de apoyo en la investigación de los delitos.
En el caso de los agentes del Ministerio Público se logró disminuir de 213 a 143 el número de fiscales que tienen a su cargo menos de cinco casos. En el caso de los agentes del MP que siguen con esa carga mínima, hay varios que han logrado justificar esta situación debido a la complejidad de los asuntos que atienden.
El informe destaca que lo anterior, combinado con una mejora de los procedimientos, ayudó a incrementar la eficacia en el trabajo ministerial de la institución. Prueba de ello, sostiene, es el incremento de 17.4% en carpetas judicializadas con detenido en 2019 respecto a 2018. Pasaron de 6 mil 120 a 7 mil 187.
La FGR también reportó un incremento del 14.2% en el número de personas vinculadas a proceso por un juez tras ser imputadas por el Ministerio Público, así como un ascenso del 36.7 por ciento en las sentencias condenatorias obtenidas el año pasado.
Recorte incongruente e inexplicable
El informe del fiscal advierte que la FGR opera con menos recursos económicos de los que necesita y que son claves para su esquema de transición. Destaca que se logró terminar 2019 con un gasto total de 15 mil 125 millones de pesos, el menor presupuesto ejercido de los últimos cinco años. Se priorizó una política de “hacer más con menos”.
Las actividades sustantivas de la FGR se mantuvieron gracias a múltiples recortes en áreas como rentas y transportes, y la eliminación de áreas no prioritarias, entre ellas de 6 agregadurías que la Fiscalía tenía en el extranjero. No obstante, se ha operado prácticamente al límite.
“Es una falta de congruencia administrativa que se repitió en 2019 a pesar de que los transitorios de la ley Orgánica de Fiscalía General de la República se mandató que, a partir de 2019, se contemplaría la asignación de recursos para la instalación de la Fiscalía y su planeación estratégica de transición, lo que no ocurrió” indica el informe.
Gertz calificó además como “inexplicable” que la propuesta de presupuesto anual que la FGR hizo en su calidad de órgano autónomo para 2020 haya sufrido un recorte de 1 mil 500 millones de pesos.
“Dicha reducción fue la de mayor impacto que la Cámara de Diputados hizo a un órgano público autónomo” acusó el fiscal.
Reformar al sistema
Gertz Manero dedicó la última parte de su informe anual de actividades para defender la necesidad de impulsar lo que denomina como “una verdadera reforma al sistema de prevención y persecución del delito” a través de varias reformas que presentará al Congreso de la Unión.
“El fenómeno criminal rompió con el orden sistémico del país existiendo una ruptura de equilibrios en el poder público del país, por lo que la delincuencia fue ganando espacios al margen de la ley. Es necesario que el Estado recupere el control de estos espacios” señala el documento.
