El proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIGFA) es completamente militar, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) no puede certificar la edificación de un aeródromo civil, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En el informe de la Cuenta Pública 2019, el organismo realizó la fiscalización a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para verificar los “Efectos Regionales y Urbanos del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIGFA)”, con una Auditoría de Desempeño.
La construcción del proyecto es una obra militar, por lo que está sujeta a la normativa de construcción de instalaciones militares de la Sedena, e informó que resulta improcedente el proceso de solicitud para construir un aeródromo ante la SCT, debido a que la construcción del AIGFA no se trata de un aeródromo civil, sino que se encuentra bajo el marco de una obra de ingeniería militar por llevarse a cabo en un predio federal catalogado como estratégico a cargo de la Sedena con presupuesto, recursos humanos y técnicos propios de la secretaría”, respondió la Sedena a los pedimentos de la ASF.
El organismo explicó que la auditoria tenía como objetivo fiscalizar la planeación para la construcción de la obra emblemática de la presente administración, para confirmar se cumple con la legislación aplicable y que se consideraron los efectos regionales y urbanos.
Para el estudio, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, se revisó la regulación de la planeación de un aeropuerto-mixto, del espacio territorial de construcción mediante la evaluación de las características geográficas del terreno y los derechos de propiedad y expropiación de los terrenos del polígono para la construcción del aeropuerto.
Se comprobó que la normativa existente no especifica cuáles deben ser las características y el procedimiento para construir un aeropuerto internacional con modalidad civil-militar.
Por lo que se comprobó que no hay normas, ni reglas para planear la construcción de un aeropuerto mixto, lo que puede presentar riesgos en el proceso de construcción y operación del AIGFA, al no contar con un marco jurídico que regule la construcción y operación de un aeropuerto internacional de modalidad mixta, así como, problemas futuros en caso de que en el país se construya un proyecto similar, así como en el proceso de operación del AIGFA y las operaciones militares”, concluyó la Auditoria.
En relación con lo que va a ser la futura operación aérea en la terminal internacional, la SCT explicó que en la planeación participa la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
El organismo aéreo certifica dos etapas: en la fase de planeación, respecto de las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), elaboración de proyectos ejecutivos, y diseño del espacio aéreo, lo que se debe hacer de manera permanente con la Sedena.
En otra etapa, la OACI es la encargada de la autorización de proyectos ejecutivos relacionados con la construcción del proyecto, y de la vigilancia de los avances de construcción y su apego a los estándares internacionales.
Sin embargo, la SCT no remitió la evidencia documental que acredite la realización de estas actividades en 2019 y su relación con la construcción del AIGFA, de inconformidad con la acción 2.1.2, estrategia 2.1, del objetivo 2 del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes”, explicó la ASF.
El organismo fiscalizador estableció que en los “Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión”, no se incluyó el análisis de la factibilidad urbano-regional de los proyectos como parte de sus requerimientos.
Terminal sin concesión
Otro trámite que se ha obviado, en lo que es la construcción y futura operación del AIGFA, es la entrega de la concesión por parta de la SCT, con el argumento de que un ente del Estado no puede entregar esa autorización a otro ente estatal.
Las concesiones se otorgarán únicamente a sociedades mercantiles, y como la Sedena forma parte de la Administración Pública Federal Centralizada, declara que el Estado no puede otorgar concesión al mismo Estado, y afirmó que resulta improcedente contar con concesión o permiso para la construcción del AIGFA”, argumentó la Sedena a la ASF.
Por su parte, la SCT le respondió al órgano fiscalizador que, al 22 de julio de 2020, no se había expedido el título de concesión correspondiente a la construcción del AIGFA a la SEDENA, entidad de la Administración Pública Federal (APF).
Sin embargo, la SCT no especificó, ni evidenció las causas del por qué no otorgó el permiso correspondiente para el desarrollo del aeropuerto”, señaló la ASF.
En relación con el Plan Maestro para la construcción del AIGFA, la Sedena explicó que para realizar la obra se cuenta con una superficie total de 2 mil 331 hectáreas, en el que están consideradas instalaciones militares y otra zona para el servicio aéreo civil, pero no se especificaron las características de cada una.
En relación con las áreas restringidas para el vuelo de aeronaves civiles, no especificó si con ello implica un cambio de uso de suelo, además la Sedena no acreditó los documentos en los que estas vertientes fueron establecidos en un centro de documentación e información relativo al inmueble de construcción del AIGFA”, explicó la ASF.
El organismo agregó que el Plan Maestro tampoco desarrolló un pronunciamiento a corto, mediano o largo plazo sobre el impacto de la construcción del AIGFA en las zonas habitadas y agrícolas de alrededor.
Ni sobre las estrategias por implementar con las autoridades correspondientes a fin de que la actividad agrícola persista, tampoco se identificó un pronunciamiento sobre quiénes son las dependencias o actores involucrados en el proceso.
El Plan Maestro tampoco previó indicadores o metas para cumplir los aspectos de la planeación aeroportuaria y que, con ello, se permita una futura infraestructura aeroportuaria sostenible para la contribución del desarrollo urbano regional en la zona de influencia del AIGFA”, explicó la ASF.
