Por las decisiones tomadas en la última semana, la independencia y autonomía del Poder Judicial en México tuvieron un punto de inflexión.
El pasado 26 de julio publiqué en este espacio un artículo que titulé: ‘No habrá extensión de mandato en la Corte’.
En ese texto argumenté las razones que, a mi juicio, hacían impensable que ocurriera dicha extensión.
Le comenté las razones por las cuales ese hecho sería inaceptable para el ministro presidente, Arturo Zaldívar, así como la posible votación cuando el tema se discutiera en el pleno.
Le expliqué que habría dos escenarios: un 11-0 por la inconstitucionalidad del artículo transitorio o un 10-1 en caso de que la ministra Yazmín Esquivel votara a favor.
Hoy ya sabemos que no habrá extensión de mandato, independientemente de la votación. Zaldívar la rechazó.
El ministro presidente de la Corte presentó el 15 de junio pasado una consulta al pleno de la Corte respecto al tema. Por sorteo, el ministro Fernando Franco fue el encargado de presentar la ponencia relativa a ese punto.
Se esperaba que la sesión del pleno en la que se debatiera el tema ocurriera en agosto. Ayer trascendió que la ponencia de Franco está por declarar inconstitucional el artículo transitorio, aunque no se definió la fecha de la reunión.
Zaldívar sabía que, en la votación del pleno, se definiría la inconstitucionalidad de la extensión de mandato y por lo tanto él ya no tendría que renunciar a esa prerrogativa.
Así que resultó sorpresivo que 113 días después de que se aprobó en el Senado el artículo que le daba dos años más de presidencia, Zaldívar haya optado el viernes 6 de agosto por rechazarla públicamente cuando había señalado que sería el pleno de la Corte el que resolvería.
Declinar implicó establecer una línea clara frente a la Presidencia de la República. Esperar la resolución del pleno hubiera sido más sencillo y de menor costo.
Tres días antes, el martes 4 de agosto, cinco de los siete integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la máxima autoridad judicial en materia electoral, decidieron algo inédito: remover al presidente, el magistrado José Luis Vargas, y nombrar a un sustituto, el magistrado Reyes Rodríguez.
Ayer, Reyes Rodríguez renunció a la presidencia del Tribunal y señaló que debe haber una votación en la que estén todos presentes, incluyendo a los magistrados José Luis Vargas y Mónica Soto, quienes no estuvieron en la votación del martes pasado.
Ese hecho muestra el intento de conciliación, pero no cambia lo básico: que cinco magistrados decidieron deponer a Vargas.
Antes de los hechos de la semana pasada, el presidente de la Corte esperaba la resolución del pleno, que se daría en algún momento de agosto y los magistrados del TEPJF confiaban en el control que ya ejercían sobre el presidente del Tribunal.
Algo ocurrió en el camino que cambió las cosas.
En el Poder Judicial a veces los tiempos son muy diferentes a los que se presentan en otros ámbitos de la vida pública mexicana, son mucho más lentos.
Por eso, cuando, en cuestión de días, se produce una sacudida como la que presenciamos, es muy difícil imaginar que se trate de una mera coincidencia.
A mí me parece una reverenda tontería aquel adagio que dice que en política no hay coincidencias. Claro que las hay y muchas.
En este caso, sin embargo, hay elementos que hacen pensar que se trata de hechos conectados.
Desconozco si los magistrados hablaron previamente con el ministro Zaldívar. No tengo ninguna evidencia de ello.
Pero, al margen de ese hecho, el resultado es que, por las decisiones tomadas en la última semana, la independencia y autonomía del Poder Judicial en México, tuvieron un punto de inflexión.
Hoy la Corte y el Tribunal ya no son los mismos. Para bien de México.
