Tribunal Supremo decidirá el futuro de los “dreamers» en EU

El Tribunal Supremo decidirá el futuro de los «soñadores», es decir, los cerca de 700.000 jóvenes indocumentados amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA. Foto: AP
El Tribunal Supremo decidirá el futuro de los «soñadores», es decir, los cerca de 700,000 jóvenes indocumentados amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), al haber aceptado examinar su caso en su próximo periodo de sesiones, a partir de octubre.

La corte anunció hoy que revisará la decisión del presidente, Donald Trump, de terminar con este amparo creado durante el mandato de su predecesor, Barack Obama (2009-2017), y que protege a inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran menores.

El fallo del tribunal podría conocerse a finales de junio de 2020, en medio de la campaña electoral para los comicios generales de noviembre de ese año.

Los jueces del Supremo ordenaron que tres casos relacionados con el DACA que llegaron al tribunal se unifiquen en uno solo.

Trump decidió eliminar en septiembre de 2017 el DACA, pero cuatro meses después un juez federal de California ordenó que se mantuviera y que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) continuara aceptando renovaciones.

Al de California le siguieron otros dos magistrados federales, lo que llevó a la Administración a pedir la intervención de la máxima instancia judicial, casi al mismo tiempo que una corte federal de apelaciones respaldaba el bloqueo a la eliminación del programa.

Trump dio entonces hasta el 5 de marzo del año siguiente para que el Congreso encontrara una solución a esta situación de desamparo legal, una fecha límite que fue noqueada por decisiones de cortes menores.

El pasado 3 de junio, el Supremo rechazó valorar la intención de Trump de eliminar el DACA, aunque esa orden no impidió que los jueces admitieran ahora a trámite esta cuestión.

Para acceder al programa, los jóvenes, en su mayoría originarios de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, tuvieron que probar que habían llegado antes de los 16 años, que no tenían antecedentes penales y que cursaban estudios de educación secundaria o en la universidad.