Mario Amador se siente atrapado.
Tiene 41 años, es hondureño, de Villanueva, departamento de Cortés, muy cerca de San Pedro Sula. Lleva meses en Ciudad de México. Es un tipo fibroso, que se expresa con seguridad, con el pelo pulcramente cortado y una nariz prominente que, unida a su piel tostada, le da aire de jeque árabe sin turbante. Que años atrás se convirtiese al islam solo es una curiosa coincidencia.
El hombre repite sin cesar que él es empresario, que conoce las leyes, que sabe de qué habla.
Pero sigue atrapado en el sistema legal mexicano desde el 18 de enero, cuando cruzó el puente internacional Rodolfo Robles, que une Guatemala con México, y pidió su condición de refugiado.
Llegó, como al menos otros 10,000 centroamericanos, en caravana. La última marcha exitosa, la que experimentó el espejismo de las tarjetas de visitante por motivos humanitarios, la calma antes de la tempestad que provocó el acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y que ha disparado la detención de migrantes. Entre el 18 y el 28 de enero, el Instituto Nacional de Migración emitió 13 mil 270 tarjetas. Se trató de una medida excepcional antes de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador retomase la política de arresto, detención y deportación.
Mario Amador se benefició de aquella excepción y ahora está a salvo, lo cual para él ya es un logro después de huir de la extorsión de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, las dos grandes pandillas que operan en Guatemala, Honduras, El Salvador, sur de México y Estados Unidos.
Pero no puede avanzar ni retroceder. Y eso, después de seis meses, le angustia.
Mario Amador es uno de los 31,355 extranjeros que, entre enero y junio, solicitaron protección ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). También es beneficiario de una tarjeta de visitante por motivos humanitarios, un documento que le permite entrar y salir en el país, así como trabajar, durante un año. Sin embargo, él quiere que le reconozcan como refugiado. Que las autoridades admitan que necesita protección y que va a tener que quedarse en México, porque regresar a Honduras no está en los planes.
La ley dice que la Comar ya debería haber resuelto su caso. El plazo para que las autoridades determinen si alguien puede quedarse o no como exiliado es de 45 días hábiles, ampliables a otros 45 más.
El problema es que la institución está colapsada. El número de solicitudes se ha multiplicado en los últimos años de forma dramática. En 2013, apenas 1,296 personas pidieron refugio. Este año son 31,355 peticiones, más que en todo el año anterior, y el cálculo es que puedan llegar a superar las 90,000.
Las cifras muestran hasta qué punto la institución no puede procesar todas las solicitudes que le llegan. El año pasado solo se tramitaron 5,571 peticiones, por cerca de 29,648 demandas de asilo. En 2019 ya se han alcanzado las 31,355. Una de esas peticiones es la de Mario Amador, el empresario de Villanueva que huyó porque ya no podía pagar más a las pandillas.
