España.-El exconcejal Juan Cano reitera ante el jurado que se llevaba bien con el alcalde asesinado
La relación entre Alejandro Ponsoda, alcalde de Polop asesinado en 2007, y Juan Cano, presunto inductor del crimen, no solo era buena. Llegó incluso a trascender la muerte de su presunta víctima. En el juicio que se celebra en la Audiencia de Alicante, ha declarado que malversó fondos municipales para ayudar a las hijas del asesinado. “Cogí 3.000 euros de la caja municipal y los incluí en la nómina del finiquito” de Ponsoda, tras su muerte, “haciéndolos pasar por gastos de viaje de vacaciones”, asegura. En realidad, la cantidad malversada fue a parar en mano a las hijas de Ponsoda, según su testimonio.
No ha sido el único delito que ha confesado. Cano afirma también que un año después de su muerte, ayudó a una de las hijas de Ponsoda, María, a que siguiera en nómina del Ayuntamiento. “María tenía un contrato temporal en la Agencia Local de Desarrollo”, recuerda Cano. Su contrato se renovó un día antes del crimen y, al año siguiente, el que ya ejercía como nuevo alcalde se olvidó “de notificarle el vencimiento del contrato, por lo que desde entonces es trabajadora fija del Ayuntamiento”. Cano lo notificó a sus compañeros de partido. “Les pregunté si me dejaban hacer lo que tenía que hacer”, señala, “y lo hice, a pesar de que podía acarrearme un juicio por prevaricación, que imagino que ya ha prescrito”.
El exedil de Polop se ha mostrado como un fiel servidor del alcalde asesinado. Políticamente, siempre trabajaron codo con codo, casi siempre como número uno y dos, respectivamente, de las listas municipales. Las posibles desavenencias que pudieron mantener fueron inducidas por otra facción de su mismo partido, el PP. Durante su intervención, que ha cerrado el turno de declaraciones de los siete acusados de orquestar la muerte del alcalde de la localidad alicantina, ocurrido el 19 de octubre de 2007, Cano se ha basado, prácticamente, en explicar a la fiscal y a la acusación particular sus movimientos en la junta local del PP durante sucesivas elecciones municipales. Porque la supuesta reunión en la que Cano, el empresario Salvador Ros y los dos responsables del club de alterne Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, encargaron el crimen a tres sicarios, Raúl Montero Trevejo, Radim Rakowski y Robert Franek, según la investigación, se ha ventilado en una sola respuesta. “Jamás, con nadie, en ningún momento ni ningún lugar” tuvo lugar dicho complot, ha manifestado el supuesto cabecilla.
El exconcejal de Urbanismo y Hacienda de Polop, tranquilamente y con seguridad, ha respondido a todas las partes. La acusación ha tratado de establecer la animadversión que, según el escrito de la fiscal, sentía por Ponsoda. Y Cano ha respondido que ni en los momentos más difíciles existió dicho odio. Ni siquiera cuando fue relegado de las listas municipales de 2003 por un presunto caso de extorsión a un empresario. “Existen unas grabaciones tergiversadas”, dice, “pero el chantajeado fui yo”. Fue él, continúa, quien “por decisión propia” renunció a encabezar las listas junto a Ponsoda, quien en todo momento le brindó su apoyo. Y también quien le pidió que volviera en las elecciones de 2007 al Consistorio. “Alejandro siempre estuvo conmigo o yo con él”, sostiene Cano.
Con el resto de personajes vinculados al caso, en cambio, el exedil mantiene una mala, pésima o nula relación. A Hermosilla, dueño del club donde presuntamente se planeó el crimen, lo conoció en 2001, cuando el dueño del Mesalina “tramitó una hipoteca” en la oficina de Caja Mediterráneo (CAM) en la que Cano trabajaba como director. Después, no hubo más trato. Ni con él, ni con Gatto o los tres supuestos autores materiales, a los que asegura no conocer.
En cuanto a Ros, empresario del calzado con el que tramó el crimen, según la instrucción del caso, la cosa era aún peor. “Lo conocí a mediados de los 80”, indica, “cuando abrió una zapatería en Polop”. Nunca congeniaron. “Es un chico muy nervioso que quería que lo que pedía se hiciera enseguida”, relata Cano. “Nos caímos mal desde el primer momento”. Algo bien distinto a lo que sucedía entre Ros y Ponsoda, que se llevaban bien. “Alejandro fue a visitar a mi hermano a Toledo después de sufrir un accidente en el que quedó parapléjico, para echarle una mano”, ha evocado Ros, visiblemente emocionado. Cano ha ratificado este encuentro en su testimonio.
Todas las declaraciones han seguido un rumbo similar. Los implicados han contestado a todas las partes, salvo Gatto y Ros, que han declinado responder a las acusaciones, porque, según ambos, “tratan de confundir al jurado y mienten a la prensa”. El discurso siempre ha sido el mismo. La reunión que la Guardia Civil sitúa en el Mesalina no se produjo. Nadie sentía especial inquina contra Ponsoda. Entre ellos no existe ninguna vinculación más allá de lo laboral. Y, de hecho, a Hermosilla no le gustaba el comportamiento de su socio Gatto “al principio”, ni sus “amistades, que podían causar problemas porque eran consumidores de drogas”. Todo encaminado a desmontar la hermandad entre los acusados que pudo conducir a confabular contra la víctima.
El único nexo de unión es su desprecio por el testigo protegido, el que destapó el supuesto complot, la mejor baza de la acusación, que declara mañana jueves ante el jurado. De él han dicho que mantuvo un conflicto laboral con los dueños del Mesalina y que al año siguiente del crimen fue despedido por no cumplir con sus obligaciones. Según Gatto, “empezó a beber y no ejercía las funciones para las que había sido contratado” porque vivía “un mal momento” con su pareja de entonces, una novia rusa que, han contado todos, mantenía relaciones al mismo tiempo con uno de los encausados, Robert Franek. Demasiadas cuentas pendientes que pudieron llevar a que inventara “una historia de ciencia ficción” contra ellos, según los defensores.
“Estamos aquí porque se ha montado una causa que no existe”, sentenció Montero Trevejo en su declaración. En esto también están todos juntos. Tanto el relato del testigo protegido como todo el entramado criminal es un guion original de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Unos “sinvergüenzas, gentuza”, según Cano.
