- En tres prisiones ubicadas en el estado de São Paulo, los reos se fugaron tras las restricciones de visitas y salidas temporales por el combate al coronavirus en el país.
Al menos mil 350 presos se fugaron este lunes de tres cárceles del estado brasileño de São Paulo, el más poblado del país, después de una serie de motines motivados por las restricciones de visitas y salidas temporales por el combate al coronavirus, informaron las autoridades.
La Policía Militarizada (PM) de São Paulo indicó que al menos 400 detenidos se fugaron de Mongaguá, en el litoral del estado; otros 926 en Mirandópolis, que en su mayoría estaban en el régimen semiabierto, al interior del estado, y otros 30 de Taubaté, en la región conocida como Vale do Paraíba.
De acuerdo con la información, en esos y otros centros carcelarios se presentan motines con un número todavía no informado de rehenes.
La Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo se abstuvo de informar sobre el número exacto de los presos que se fugaron, pero confirmó en un comunicado que «están ocurriendo actos de insubordinación en Mongaguá, Tremembé y Porto Feliz, además del pabellón semiabierto de Mirandópolis».
El órgano regional indicó que el motivo de los motines fue «la suspensión de la salida temporal que estaba prevista para el martes. Tanto el Grupo de Intervención Rápida (GIR) como la Policía Militarizada fueron accionadas y están al frente de la situación» para recapturar a los presos que se fugaron, señalaron las fuentes.
Las rebeliones se dieron en respuesta a las medidas para controlar la propagación del Covid-19 dictaminada por los órganos judiciales de Sao Paulo que determinaron que la salida temporal de los presos con derecho al régimen semiabierto debería ser «reprogramada por los jueces corregidores de los presidios».
La determinación faculta a los jueces corregidores a reprogramar «por acto conjunto o de manera aislada, conforme a los nuevos escenarios (por la crisis sanitaria) y en una mejor oportunidad», citó la Secretaría.
«La medida fue necesaria porque beneficiaría a más de 34 mil sentenciados del régimen semi-abierto que, retornando a las cárceles, elevarían el potencial para contaminar y propagar el coronavirus en una población vulnerable, generando riesgos a la salud de servidores públicos y de los custodiados», subrayó el comunicado.
