Santiago de Chile.- El Tribunal Constitucional de Chile ha rechazado la petición formulada por un grupo de diputados de Chile Vamos, la coalición conservadora que sostiene al Gobierno de Sebastián Piñera, para incluir en la propuesta de conmutación de penas por el coronavirus a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
El Tribunal Constitucional de Chile ha rechazado la petición formulada por un grupo de diputados de Chile Vamos, la coalición conservadora que sostiene al Gobierno de Sebastián Piñera, para incluir en la propuesta de conmutación de penas por el coronavirus a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno envió a principios de abril al Congreso un proyecto de ley para conmutar penas a los reos más vulnerables ante el coronavirus, exceptuando a los condenados por violaciones de los Derechos Humanos.
Esta salvedad provocó malestar en el grupo parlamentario de Chile Vamos y algunos de sus diputados acudieron al Tribunal Constitucional para que incluyera a los condenados por crímenes de lesa humanidad en el proyecto de ley, alegando que lo contrario es discriminatorio.
En un gesto para aliviar la tensión con su base parlamentaria, Piñera ordenó la semana pasada al Ministerio de Justicia que revisara las solicitudes de indulto presidencial, especialmente las de presos con «una condición de salud de extrema gravedad» para valorar su salida de prisión con el fin de evitar el contagio del coronavirus.
«Una persona que esté condenada por crímenes de Derechos Humanos o de cualquier naturaleza que se está muriendo, yo creo que debiésemos darle el beneficio de que se muera en su casa», dijo el presidente chileno en una entrevista concedida a ‘El Mercurio’.
Sin embargo, la posibilidad de un indulto presidencial que alcance a todo tipo de presos no contentó a los díscolos de Chile Vamos, por lo que han mantenido su pulso con el Gobierno en el Constitucional.
El alto tribunal ha rechazado la petición de los diputados oficialistas por siete votos en contra y tres a favor. No obstante, aún debe resolver el requerimiento de inconstitucionalidad que presentaron el lunes.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha calificado de «lamentable» esta última maniobra jurídica por considerar que «solo tiene un efecto dilatorio» para una medida que el Gobierno quiere aplicar «a la brevedad» para impedir
