Tras asesinar a manifestante anti Maduro en 2017, condenan a 25 años de prisión a policía

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En 2017, un policía asesinó a un joven venezolano que se manifestaba contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Este jueves fue condenado a más de 25 años de prisión, informó la justicia.

Las manifestaciones contra Maduro en 2017 dejaron más de un centenar de muertos. (Archivo) Milenio

Un tribunal penal “condenó al ciudadano Onan Josué Pereira Irigoyen, ex funcionario de la policía de esa entidad, a cumplir la pena de 25 años y ocho meses de prisión” por “la muerte del joven César Pereira, mientras éste participaba en una protesta en el año 2017 en el sector Peñón del Faro de Lechería”, 300 km al este de Caracas, informó la Corte Suprema en un comunicado.

Las manifestaciones contra Nicolás Maduro en 2017 dejaron más de un centenar de muertos y la Corte Penal Internacional abrió un año después una investigación por posibles delitos de lesa humanidad en la represión de esas protestas.

El policía fue condenado “por la comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles, uso indebido de armas orgánicas y alteración de municiones”.

La pena fue dictada poco después de que el gobierno enviara a La Haya un informe para refutar el caso en su contra, que califica de “gran farsa”.

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“Nosotros hemos ido desmontando caso por caso, basado en la realidad, en hechos”, aseguró la vicepresidenta Delcy Rodríguez la semana pasada.
A principios de mayo, el fiscal general venezolano Tarek Saab anunció la imputación de 12 miembros de la Guardia Nacional por la muerte de un joven de 20 años asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena en una de las protestas de 2017 en Caracas.

El gobierno de Maduro dijo entonces que la muerte del universitario había sido ocasionada por sus compañeros manifestantes.

La ex fiscal Luisa Ortega pidió a la CPI abrir en 2018 una investigación sobre presuntos asesinatos y torturas, acusando al presidente “Maduro y su gobierno” de “crímenes” y “un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”.

La fiscal Fatou Bensouda dijo a finales de 2020 que “existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen” a la CPI.

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